La construcción del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Sierra Centro Sur en Latacunga ha generado controversias que van más allá de su propósito inicial de servir como espacio para la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad. Esta cárcel, lejos de cumplir con su función transformadora, ha tenido un impacto negativo en la comunidad de Latacunga, intensificando tensiones sociales y asociando la zona con inseguridad, en lugar de desarrollo.
Según la tesis de Vidal Antonio López Cantos, el sistema penitenciario en Ecuador no solo falla en sus objetivos de rehabilitación e inclusión social, sino que reproduce dinámicas de segregación y exclusión. Las condiciones de hacinamiento, la violencia intracarcelaria y la nula implementación de programas efectivos de rehabilitación en el CRS Regional Sierra Centro Sur han contribuido a un entorno de constante sufrimiento para los internos y a un clima de preocupación para la comunidad circundante.
El problema no radica únicamente en las fallas operativas dentro de la cárcel, sino también en las decisiones que llevaron a su ubicación en una provincia como Cotopaxi, que históricamente ha luchado por generar oportunidades de desarrollo sostenible. La elección de Latacunga como sede para esta instalación ha generado rechazo, ya que la presencia de la cárcel es percibida como un obstáculo para el progreso económico y social de la región.
Eduardo Salgado Enríquez plantea una propuesta que busca trasladar el CRS Regional Sierra Centro Sur a la provincia de Santa Elena, donde se está construyendo una mega cárcel. Este cambio podría reducir la carga que enfrenta Latacunga y permitir que la provincia recupere su enfoque en iniciativas de desarrollo. Para implementar esta solución, sería necesario recurrir a un principio señalado en la tesis de López: «para deshacer un hecho jurídico, hay que ir de forma inversa a lo ejecutado». Esto implicaría renegociar contratos y acuerdos relacionados con la ubicación actual del CRS y trabajar en la reubicación efectiva de los internos y el personal penitenciario.
La presencia del CRS ha contribuido a una percepción de inseguridad en Latacunga, afectando no solo la calidad de vida de los residentes, sino también las posibilidades de inversión en la zona. La instalación, concebida para mitigar el hacinamiento penitenciario nacional, ha traído consigo problemas relacionados con la violencia y la falta de recursos básicos en el centro, como servicios de salud adecuados y programas educativos para los internos.
La propuesta de traslado no solo podría aliviar estas tensiones, sino también abrir la posibilidad de reutilizar el terreno del CRS para proyectos que realmente beneficien a la comunidad local, como centros educativos o espacios recreativos.
El caso del CRS Regional Sierra Centro Sur es un ejemplo de cómo decisiones mal fundamentadas pueden tener efectos adversos en una comunidad. Mientras otras provincias como Santa Elena se preparan para acoger instalaciones de mayor capacidad, el traslado del CRS podría ser una solución que beneficie tanto a la población de Cotopaxi como a la eficiencia del sistema penitenciario nacional. Es fundamental que el gobierno tome medidas que prioricen el bienestar de las comunidades locales, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible.