Se nos viene otra consulta. Estos procesos son permanentemente recurridos por los gobiernos de turno: a pocos les ha ido bien, a los más les ha ido mal o muy mal. El último, sobre el ITT, por ejemplo, fue una torpeza convocarlo y resultó un disparo en el pié. Por lo general, no pasan de ser una forma, muy costosa, de medir la popularidad o aceptación del presidente en ejercicio. No aprendemos a tomar medidas en forma compatible con la gravedad de los problemas que acusan los ecuatorianos. Exijamos que en esta ocasión los temas sean de fondo.
Las primeras once preguntas enviadas a la Corte Constitucional no son las que esperaban los ecuatorianos: algunas ya están solventadas en la legislación nacional; otras podrían tramitarse en la asamblea; y, por fin, la de los casinos, en rigor, no es una cuestión de fondo ya que no tiene que ver con corregir la institucionalidad del país. Para comenzar, se olvidaron de consultar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad que fuera creada por la Constitución del 2008, que ha sido un perfecto fiasco, instrumento de abusos, y contrario al estado de Derecho.
Le han calificado como poco profesional, inútil, falta de ideas, errática o de completa improvisación. Se comentaba que se trataría simplemente de no hacer olas, de no levantar mucho el avispero. Recordemos que en campaña se ofreció realizar una consulta popular; sin embargo, no les convendría preguntar cuestiones que tiendan a polarizar demasiado al electorado. En la propia asamblea nacional se han alzado voces señalando que sería la legislatura la que tramite las reformas que pretende consultar el gobierno. Para ello se necesita trabajarlas, ajustarlas y expedir las normas que permitan enfrentar la inseguridad.
Al existir varios cuestionamientos a estas preguntas y atendiendo varias sugerencias, el presidente propone otras adicionales, referidas básicamente a: permitir la extradición de delincuentes y la extinción de dominio para combatir la delincuencia y el crimen organizado; revocar las concesiones mineras ilegales; adoptar el arbitraje internacional para atraer inversiones; permitir el trabajo por horas; que puedan ser calificados de urgentes proyectos de ley sobre seguridad; regulación de la justicia constitucional para evitar que cualquier juez resuelva, por ejemplo, habeas corpus y acciones de protección mal aplicados y favoreciendo a los que delinquen.
Los hechos acaecidos el día 9 de enero último, son las criminales y terroristas respuestas a las determinaciones del gobierno en contra de la delincuencia, contenidas en varias de las preguntas previstas para la consulta. Obliga a la ciudadanía a tomar verdadera conciencia de la gravedad de los mismos y a respaldar las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE) para perseguir y sancionar los actos calificados como terroristas. Requerimos que las funciones del Estado tengan una sola visión de país para rescatarlo de tanto caos, corrupción e impunidad.