En estos dias la mayor preocupación de expertos, periodistas y políticos, ha sido saber cómo el gobierno aspira evitar que la vicepresidenta asuma la presidencia si Daniel Noboa decide correr para las próximas elecciones, pues ello supone realizar proselitismo.
Han aparecido muchos creativos que han configurado una suerte de alternativas, salidas políticas e interpretaciones legales, orientadas a imposibilitar que la señora ejerza la primera magistratura. Se ha convertido en la cuestión de mayor interés, como si eso ayudaría a solucionar los grandes problemas que aquejan a la sociedad.
Si el presidente decide finalmente pedir licencia, por el tiempo que dure la campaña electoral, no deja de ser jefe del estado, ni el máximo representante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por tanto, el ejercicio de la presidencia de la señora Abad no es absoluta e ilimitada. El peso de la administración pública está en los ministros y secretarios de estado, nombrados por el presidente Noboa. No hay posibilidad alguna que ésta pueda «desbaratar» nada, so pena de crear inestabilidad que puede devenir en una crisis institucional.
La Constitución establece terminantemente que, en caso de falta del presidente, le toca al vicepresidente asumir el cargo. No caben interpretaciones cuando el tenor literal es claro. Decir que no es reelección -y por ello no cabe pedir licencia-, no es muy elegante por decir algo; que la señora ha hecho campaña anticipada, es también forzado y tardío; que no está al tanto de la situación del país por estar fuera en calidad de embajadora, es también una tontería, y, por último, que no coincide con las políticas del presidente, más bien invita a recordarles, ¿entonces porque la pusieron en la papeleta?
Se ha solicitado a la Corte Constitucional (CC) y a la Procuraduría General del Estado (PGE) que interpreten la constitución y la ley, en su orden, con la finalidad de evitar que el presidente pida licencia y pueda realizar campaña. No es bueno para la democracia tratar de ajustar las normas a la casuística o a privilegiar la coyuntura.
El vicepresidente ha sido piedra en el zapato y la persona a la que los presidentes le han puesto todo el ojo para impedir que se constituya en el permanente «conspirador a sueldo» como lo dijo Velasco Ibarra, respecto del Dr. Zavala Baquerizo; o el famoso «Serrucho», endilgado al Dr. Peñaherrera, vicepresidente de Febres Cordero. Pero han existido también vicepresidentes leales, cumplidores de la ley, como el Ing. Parodi del Dr. Borja. En el caso que nos ocupa se equivocaron del medio a la mitad, pero ahí está, y ahora les toca bailar con la más fea.
El mayor periodo en el cual no hubo el cargo de vicepresidente de la república, fué del 15 de enero de 1906 al 20 de enero de 1946. En varias constituciones este funcionario presidía el Congreso; en otros, ejercía las funciones que le encargaba el presidente; en el gobierno del abogado Roldós, el Dr. Hurtado presidía el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). Creo que existe la necesidad de analizar la eliminación de esta función pues más ha traído problemas que soluciones para la institucionalidad del Ecuador. Si bien el encargo sólo duraría un mes, éste terminará siendo el más largo en materia de gobierno, pero tampoco es el fin del mundo. Es muy difícil que se le ocurra tomar medidas que implique contradecir a las ya adoptadas por el presidente, más aún si tiene apenas un 20% de aceptación y 80% de desaprobación; Noboa tiene 60% de aprobación. En fin, esperemos que la sensatez prime, que los pronunciamientos de la CC y de la PGE estén apegados a la Constitución y a la sana crítica. Aspiremos que ambos mandatarios conversen para que esto no pase del simple anecdotario.
Publicado en La Gaceta el 7 de junio de 2024. Link no disponible.