¿Es viable el Ecuador?

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En su artículo publicado en el diario El Universo, titulado “Mar de impunidad”, Hernán Pérez Losse, con la profundidad y valentía que le caracteriza, analiza la serie de actos de ciertos jueces de la jurisdicción del Guayas que ciertamente nos pone “los pelos de punta” a los ecuatorianos. Constata la podredumbre -casi generalizada-, que se da en la administración de justicia en este país.

Concluye con un serio y contundente interrogante que invita a la reflexión. Dice: ¿Es tan difícil entender que la viabilidad del Ecuador depende en gran medida de su sistema judicial?

La impunidad, fruto de la torcida aplicación de la ley, está carcomiendo el cimiento de la poca institucionalidad existente en el país, y, cada vez, se torna en una constante vocación -de los malos elementos de la función judicial-, por contrariar y socavar las bases mismas del sistema democrático.

El abuso de la ley, su ineficiente y torcida aplicación, contraría los principios de legalidad, seguridad e igualdad ante la ley, nos hace sentir abusados y maltratados por este tipo de jueces arbitrarios e irresponsables.

¿De qué sirve la ley si no se la aplica conforme a la sana crítica, apego al derecho y precautelando los intereses de la sociedad en su conjunto? ¿Para qué sirve una justicia torcida, podrida, generalmente influenciada por intereses oscuros ? Estas son las preguntas que nos hacemos y que por lo general son ignoradas por quienes les toca corregir semejante desorden. Si, en este país, está institucionalizado el desorden, la falta de respeto a la autoridad y a las normas básicas de convivencia:

desde no observar una regla de tránsito, pasando por abusar de los recursos públicos, hasta llegar a asesinar a la gente. Y claro, prevalece la impunidad.

El desbarajuste de las instituciones tiene su origen en la fallida constitución del 2008 construida por extranjeros, redactada en Montecristi por ecuatorianos comprometidos con el “proyecto” y aplicada por los nuevos redentores, inspirados en el denominado socialismo del siglo XXI. Nada bueno aporta y lo que consiguieron fue establecer un deleznable “estado de derechos y justicia”, y no el Estado de Derecho, soberano, independiente, libre de mandatos e injerencia externos, que es lo que corresponde. Requerimos que el sistema democrático realmente garantice el imperio de la ley, la división de poderes, la alternabilidad del gobierno, con órganos legislativo y judicial con responsabilidades, y partidos políticos estructurados.

En este ambiente, cargado de permanentes amenazas, el ecuatoriano de a pie, no puede apelar a una justicia proba e independiente para precautelar sus derechos y garantías; así, el Ecuador no tiene un futuro promisorio que todos aspiramos, al resquebrajarse el sistema democrático, cada vez más amenazado en sus bases. La principal causa de esta situación, como se la describe, es que “la impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil…”

Es penoso reconocerlo, pero nosotros como país y sociedad estamos “pintados” en esta caracterización, debido a que la “ley se obedece, pero no se cumple”; además, se vive de padrinazgos, con políticos mecenas que cada cuatro años refundan en país y con una estructura de justicia corrupta hasta los tuétanos. Por tanto, a grandes males, grandes remedios: requerimos echar abajo la constitución del 2008 y retornar a una carta magna que garantice la institucionalidad, que el poder esté debidamente controlado, que los representantes sean gente proba y preparada, que la judicatura este conformada por personas debidamente formadas, capacitadas y sin tacha alguna.

Publicado en La Gaceta el 5 de julio de 2024. Link no disponible.

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