Para comenzar, es preciso tener en cuenta el verdadero alcance, propósito conveniencia de su establecimiento. La Real Academia de la Lengua (RAE) define al subsidio como»prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada». Lo equipara a subvención, auxilio, ayuda. Este es un asunto recurrente que todos los gobiernos han querido afrontar resolver, pero le tienen temor reverencial, cuanto es muy por sensible políticamente; enciende las alarmas de los conocidos grupos que no velan por los intereses del país, sino de los propios.
El subsidio, para que se justifique, debe llegar a quien más lo necesita, pero en nuestro país no se termina por entender que, respecto de los combustibles, beneficia a los que más ingresos tienen, en detrimento de los de menos ingresos, mismos que requieren prestaciones sociales, de salud y servicios de calidad.
Solo para tener una idea de la distorsión que generan ciertos subsidios: la gran mansión de gente con mucho dinero paga el mismo precio del gas para calentar su piscina, que el hogar de una familia muy pobre de cualquier ciudad del Ecuador para cocer sus alimentos.
Hay subsidios que se justifican plenamente, los de desarrollo humano, por citar uno, pero otros no. ¿Por qué los taxistas, por ejemplo, deben recibir subsidios, si es un negocio privado y rentable?
Además, entiendo que están exonerados de ciertos aranceles. Pertenecen a cooperativas poderosas y sus unidades, por lo general, no son conducidas por sus dueños empresarios sino por choferes. Entonces, es necesario que se examine esta cuestión. Debe ser un estupendo negocio ya que cada vez son más unidades las que circulan. Es una distorsión que debe analizarse y sincerarse.
El taxi es un medio necesario de transporte urbano cuya modalidad es el alquiler para movilizar personas de un lugar a otro, mediante una prestación económica. Es, por tanto, un negocio y no propiamente un «servicio público», sino un «servicio abierto al público», que es diferente. El servicio de los buses, como es un transporte masivo, si se justifican los subsidios por cuanto lo utilizan personas de bajos recursos económicos.
El Ministro de Economía y Finanzas ha declarado que el “54% del subsidio a la gasolina va a gente que gana más de USD 1.809 por mes”. Otro dato, según refiere Primicias, “entre 2010 y 2023 al Estado le ha costado USD 53.860 millones subsidiar 15 tipos de combustibles, esto equivalente a 13 veces el presupuesto de salud”. Todo esto es verdaderamente demencial y no se compadece con la más elemental norma de administración de los recursos del país.
Al lograr bajar los subsidios a las gasolinas, el gobierno podrá disponer de 700 millones de dólares para destinarlos a salud y educación.
Es por ello que el papel de los líderes y dirigentes políticos serios debe ser el de arbitrar medidas en orden a lograr que toda la sociedad se compenetre de la necesidad de efectuar cambios en materia de subsidios, para liberar recursos que atiendan las necesidades prioritarias que requiere la sociedad en su conjunto. A todo lo anterior se suma el brutal contrabando de combustibles que se producen en las fronteras norte y sur que deja pingues ganancias a los malos ecuatorianos. Estas prácticas se dan precisamente por la diferencia sustancial de precios. En algún momento este desangre de los recursos públicos debe parar. El gobernante que se ponga los pantalones y enfrente con valentía este sinsentido que son los subsidios, sin ningún beneficio de inventario, pasará a la historia como un verdadero estadista. Mientras tanto, es preciso convencer a la gente que vive del cuento, a los extremistas que agitan las aguas y calientan las calles y especialmente a los políticos populistas que miran para otro lado, que el Ecuador merece ser tratado con responsabilidad y patriotismo. Debemos aspirar que cierta gente deje de ser sableadora, esperando que todo lo provea gratis el Estado, a costa del resto – los verdaderos generadores de riqueza-, que son los que a la larga pagan los platos rotos, afrontando el peso del desangre de los recursos.
Publicado en La Gaceta el 21 de junio de 2024. Link no disponible.