¡Me quiere…pero lejos!

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Definir la política exterior es facultad exclusiva y excluyente del Presidente de la República, según lo determina el artículo 147, número 10, la Constitución. Tarea ciertamente delicada que requiere ponderación, sagacidad, cuidado y, ante todo, su deber es velar por los altos intereses nacionales. Para este propósito existe un Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de cumplir la política diseñada por el jefe de Estado. Se coincidirá que es una cuestión muy delicada que requiere contar con personas preparadas, profesionales y expertas.

En un mundo globalizado es aún más complejo su manejo. Cualquier desliz o equivocación, en los pronunciamientos que den las autoridades en esta materia, puede afectar la imágen del país, en los planos político y económico. Lo anterior, a propósito del decreto N° 27, de 24 de noviembre, por el cual el presidente Noboa asigna a la vicepresidenta Abad, como única función, la de colaborar como Embajadora en favor de la paz para “evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina”, debiendo trasladarse a la embajada del Ecuador con sede en Tel Aviv.

Llamó la atención porque inicialmente se había informado que se le confiaría temas migratorios. ¡Me quiere lejos! ha declarado la vicepresidenta. Fue evidente, durante la campaña, que no se generó empatía entre Noboa y Abad: parecía que había una agenda escondida que fue develada, aunque la vicepresidenta lo desmiente. La decisión presidencial no estuvo libre de observaciones y cuestionamientos. Algunos juristas y constitucionalistas “expertos” que abundan, señalaban que puede abstenerse de cumplir este encargo, que tiene derecho a interponer acción de protección, que es una afrenta a su dignidad, etc.

Lejos de un examen jurídico y constitucional, me parece que esta determinación es más bien un acto de naturaleza política, no meditado, pues una cosa es asignar una función, y otra, muy diferente, encargar una misión que cae más bien en el campo estrictamente diplomático, materia de la cartera de exteriores. Si la quería lejos de los asuntos duros de gobierno, simplemente podía encargársele temas de menor relevancia. En fin, la tarea de gobernar es ante todo el arte de lo posible. Este caso es inédito en la administración pública del país.

Volviendo al tema: lo obvio y sensato era que los mandatarios juiciosamente se pongan de acuerdo en asuntos delicados y fundamentales y en otros de naturaleza administrativa o de gestión gubernamental. Un muy conocido y experimentado internacionalista opinó que uno de los actores del conflicto no representa a Palestina; y, por tanto, no habrá interlocutor válido para colaborar o mediar por la ansiada paz, lo que puede crearle un problema al presidente, más aún en una cuestión tal delicada y compleja. Si entre los dos mandatarios no había buenas relaciones o aparecieron cosas domésticas de campaña, éstas deben quedar para que sean examinados en otros ámbitos y no mezclarlos con los asuntos de estado o de gobierno.

En mi opinión mejor papel puede cumplir el Ecuador a través el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una participación directa y no solicitada puede traer fricciones. Pero como las cosas están dadas, con la aceptación de la señora Vicepresidenta, esperamos que prime la prudencia, pues es el deber primordial del gobernante cuidar celosamente la imagen internacional del Ecuador como país soberano, libre, democrático; no queremos que nos vean como “república bananera”, calificativo que dan a los países con inestabilidad institucional, atrasados e irrespetuosos de la ley.

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