Nueve años atrás, EPAGAL, empresa municipal de gestión de desechos sólidos, enfrentaba una delicada situación, al haber terminado el contrato de alianza estratégica con GLOBALPARTS, una empresa privada que se encargaba de recoger y trasladar los desechos sólidos hacia el botadero de Inchapo, que carecía de infraestructura apropiada para disponerlos de forma sanitaria. Peor aún, el arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, como correspondía por acuerdo contractual, dio por terminado el contrato y le mandó a pagar por los servicios prestados que se habían acumulado por más de dos años, desde diciembre 2013 a mayo 2014 en la administración Espín y 2014-2016 en el período de Sánchez. Adicionalmente, le daban la propiedad de los contenedores de basura y vehículos a Globalparts, con lo cual se paralizaba Epagal. De inmediato, renunció el gerente de esta empresa, dejando en su escritorio el fallo arbitral, sin que nadie se haya tomado la molestia de pedir ni siquiera aclaración ni intentar un acuerdo de transición que le permita a la empresa utilizar los equipos hasta contar con sus propios.
El Alcalde Sánchez, desesperado por esta grave emergencia, contrató a la ingeniera Diana Cañar para que enfrente el problema quien lanzó una audaz propuesta para crear una tasa para la disposición final de la basura, argumentando que hasta entonces, únicamente se cobraba por recolección y transporte hasta el botadero. No tardó el cabildo en aprobarla, estableciendo la tasa de “un dolarito por cada medidor de luz en la zona rural y dos dolaritos en el sector urbano” destinados a la construcción de un relleno sanitario que imponía el Ministerio del Ambiente. Debieron suplicarle a Globalparts plazo para pagar la deuda. Iniciaron el cobro de la tasa adicional que representó aproximadamente dos milloncitos de dólares anuales. Con lo cual, sin invertir en la disposición de la basura, se esfumaron en gastos corrientes y pago de la deuda.
En 2019, administración Cárdenas, se reformó la Ley de Electricidad prohibiendo que las empresas eléctricas incluyan en su factura ningún otro valor que no sea consumo de electricidad. Por tanto, ya no podrían cobrar la tasa de basura por medio de Elepco. Cada municipio debía levantar su propio “padrón de usuarios” y determinar las tasas, que no podrían indexarse al consumo de energía, como lo venían haciendo (13% de la planilla de luz). Deberían hacerlo en relación a la basura generada y cobrar por otra vía. La viveza criolla les llevó a copiar el padrón de usuarios de Elepco y grabar un valor sacado de la estratósfera a cada medidor de energía eléctrica en la zona urbana y otro valor simbólico en la ruralidad.
El COOTAD establecía que las tasas que cobran los municipios por servicios prestados, debían establecerse mediante determinación del “costo” del servicio prestado dividido entre los usuarios, “aplicando el principio de justicia redistributiva” que reduciría las tasa para la población de menores recursos económicos y elevaría para aquellas de mayor poder adquisitivo. Jamás se estableció el costo del servicio, ni la distribución técnica entre los usuarios y peor se aplicaron los principios de justicia redistributiva. Tampoco se cumplió la Ley de Electricidad haciendo el cobro independientemente, pues se sigue cobrando en la planilla de consumo de luz eléctrica.
Nueve años más tarde de la quiebra de Epagal, la Ministra de Energía dispone que las empresas eléctricas, en cumplimiento de la ley, se abstengan de incluir en sus facturas nada adicional consumo de energía y tasa de bomberos, como establece la ley. Durante estos años, la empresa pública municipal ha incumplido las normas, cobrando tasas injustificadas por medio de Elepco.
¡SE ACABÓ EL ABUSO!