En un sistema democrático y republicado, los derechos que prevalecen, sobre cualquier otro, son la vida, la propiedad y la libertad. Cualquier sociedad que no los respeten, se convertiría en un total caos y primaría el salvajismo, escenario proclive al abuso, la inseguridad, y, claro, la injusticia sería norma de acción. En un ambiente así, carente de leyes, la gente estaría condicionada a las reglas que le impongan los gobernantes populistas y demagogos, lo que dificultará su crecimiento y progreso.
La mayoría de ecuatorianos ha llegado a la incuestionable conclusión de que la constitución del 2008 – aquella invención chavista que consagra que el Ecuador es un estado de derechos y justicia, no ha servido para maldita la cosa; todo lo contrario, aseguró los intereses de minorías que poco a poco crecieron con la idea de que tienen el derecho de imponer sus propuestas a la mayoría, a título de “reivindicaciones”. Así actuaron en 2019 y 2022, luego de expresarse con destrucciones, incendios, ataques a la propiedad, etc.
El mal entendido “derecho a la resistencia” se tradujo en ataque sistemático al estado, y por supuesto, a tratar de derrocar a los gobiernos elegidos por el voto popular. Los parlamentos fueron cómplices y no estuvieron a la altura para defender las instituciones y hacer respetar la ley. Hoy, no tendrán oídos en la asamblea, conformada por una mayoría comprometida con la democracia y los valores básicos que inspiran a la república. El Ecuador de hoy no puede ser el de ayer al que no le respetaron los oscuros personajes nacidos del foro de Sao Paulo, “modelo” del fracasado castrismo chavista y de su seguidor, el corrompido Maduro.
Han tratado de dar al paro una connotación nacional, cuando los hechos lo desmienten: está focalizado y al parecer por ser controlado. Se inventan apoyos de sectores, como los transportistas, que han entendido que el trasfondo no es el precio del diésel, sino que respaldan intereses económicos de extorsionadores y defensores de negocios espurios, vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico. Esta realidad está evidenciada, comprobada y sectorizada.
Y para colmo, Marlos Vargas -que quiere afianzar su falso liderazgo-, ha dicho que quiere tomarse Quito, capital de los ecuatorianos. Como diría cualquier “veci” de barrio, ¿qué se habrá creído éste? Tamaña actitud irresponsable no puede tener ninguna cabida: los quiteños y ciudadanos que en ella habitan, no permitirán semejante afrenta. ¡YA BASTA Vargas! No podemos permitir tus aventuras malignas, desesperado por cumplir los compromisos que habrás adquirido con los financistas de este paro.
De ahí que una nueva constitución es absolutamente necesaria para abolir la actual, perversamente elaborada para secuestrar al estado. Para comenzar, debe declarar al Ecuador como un ESTADO DE DERECHO Y UNITARIO; eliminar la malhadada ciudadanía universal, invento que permitió el ingreso de cualquier tipejo, cooptados por el crimen; reconocer que el territorio es uno solo e indivisible, que los derechos cobijan a todos los ciudadanos y que la ley respeta a la minoría, pero es la mayoría la que democráticamente asume la dirección de la república. Señores Vargas e Iza: dejen de mentir, engañar y piensen que sus métodos extremistas y terroristas no tienen cabida en la mayoría de los ecuatorianos de bien.
