Ecuador ha batido récord en materia electoral. Desde la elección de Guillermo Lasso en 2021, volvimos a las urnas para nombrar a Daniel Noboa por lo que faltaba para completar el período trunco. Terminado dicho período, volvimos a elegir un presidente para el período 2025 – 2029. Una vez más, debimos responder cuatro preguntas formuladas por el Presidente Noboa sobre la Constitución. Si hubiera logrado la aprobación del electorado, estaríamos camino a elegir asambleístas constitucionales, debiendo ser ratificado por voto popular el texto que se esperaba aprobar. Pero no desesperemos, pues tenemos por delante la elección de autoridades seccionales en febrero 2027.
Ante este panorama de hiperactividad electoral, cabe evaluar su costo beneficio. Si bien es cierto que la democracia se fortalece con la consulta popular, resta por esclarecer los temas que deben ser elevados a consideración de los mandantes. Una opción sería limitar a aquellos temas de fondo que se entrampan en intereses de grupos, como la Seguridad Social, la política petrolera, la atracción de inversiones, la dolarización. Sin entrar en temas técnicos profundos, es el pueblo quien debe resolver ante la ausencia de definiciones. Mientras más trascendente sea el tema, menos posibilidades existen para que los actores políticos resuelvan con visión de futuro, alejándose de la demagogia.
El costo monetario de cada ejercicio electoral, es sumamente elevado. Posiblemente sea uno de los escasos servicios que brinda el gobierno central, que tiene características de país rico. La movilización de miles de miembros de las juntas, supervisores, ayudantes, juntas electorales, delegaciones provinciales, impresión de papeletas y certificados de votación para todos los ciudadanos de 16 años en adelante, incluyendo muertos, ausentes, inexistentes y demás. Movilización de las Fuerzas Armadas, ocupación de recintos educativos, refrigerios, observadores internacionales y muchos lujitos más. Más, no se ha evidenciado la rendición de cuentas que permitiría hacer conciencia del despilfarro de dinero que mucha falta hace en otros sectores.
Adicionalmente al costo monetario, estos procesos causan incertidumbre a propios y extraños. Los potenciales inversionistas en el exterior, observan con preocupación estos altibajos y optan por esperar los resultados para evaluar sus efectos sobre la inversión posible. Mientras que los países más atractivos para la inversión extranjera gozan de confianza en los mercados internacionales, gracias a la seguridad jurídica que les garantiza las condiciones en que puedan desarrollar su actividad a largo plazo. Ejemplo de esta política favorable a las inversiones es el vecino país Perú, que desde hace treinta años selló una constitución que define con claridad lo referente a la inversión extranjera, lo cual no ha sido alterado pese a la inestabilidad política que han vivido.
La clase política adolece de una enfermedad incurable, que es la demagogia. A la hora de buscar el voto, se ofrece cualquier cosa que les permita alcanzar los votos para acceder al poder. Una vez en ejercicio, evitarán toda decisión, por necesaria y saludable que fuere, si eso perjudica su imagen de dadivoso y comprometido con los intereses populares. Se agrava el panorama cuando la oposición acecha para despellejarle al mandatario ante cualquier decisión que afecte las prebendas alcanzadas en la “lucha social” que más bien es una carga impuesta al Estado, a cambio de los votos en alguna elección pasada. Caso concreto, los subsidios, que nadie asume la responsabilidad para racionalizarlos.
Acaso debe implementarse un sistema ágil, simplificado, de bajo costo, posiblemente de participación voluntaria, como lo hacen los europeos, para consultar desde el Ejecutivo en los cuatro niveles de gobierno al pueblo soberano. Puede ser una consulta que recoja opiniones de los gobernados y oriente la mejor decisión de la autoridad. La tecnología lo permite, sin duda.
¡PREGUNTEN!