La oposición jurga un rol muy importante y decisivo dentro de un régimen democrático, pues, se entiende, hace saber los errores, desviaciones o falta de ética que pueden suscitarse en los gobiernos de turno. Si una política pública atenta, por ejemplo, a las libertades ciudadanas, su obligación es denunciar y ejercer acciones encaminadas a que se rectifique. El ejercicio del poder siempre ha estado expuesto al abuso y al autoritarismo: ahí debe estar presente la voz de alerta para ponerle un freno, puesto que la ciudadanía no tolera desviaciones que afecten la paz social.
No es oposición el permanente acoso de ciertos sectores, muchos de ellos extremistas, que pretenden echar abajo a un régimen legítimamente constituido, por motivaciones nada edificantes. Se han valido de paros y protestas -que devinieron en actos terroristas-, que incluso llegaron al extremo de causar destrozos a la ciudad de Quito, impedir el libre tránsito de personas y destruir propiedad pública y privada, sin que los instigadores y actores, fácilmente identificados, reciban las sanciones que la ley determina. Es más, obtuvieron amnistía de la asamblea, integrada por una mayoría igual de destructora y comprometida.
Han llegado al extremo de apalancarse en una disposición constitucional del año 1988, ampliada en la del 2008, para buscar la revocatoria del mandato: la primera aplicaba solamente a prefectos, alcaldes y concejales, y la segunda amplió al presidente de la república. Son causales para la revocatoria: el incumplimiento del plan de trabajo y de normas legales de participación ciudadana. Para solicitarla, se requiere que se cumplan ciertos requisitos, entre estos, el de reunir el respaldo de firmas (15%) del padrón electoral para que sea procesada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los ya conocidos activistas, que se atribuyen el derecho de representación de la sociedad entera, como el RC5, Iza (con él la Ecuarunari), Luisa y otros, impulsan la revocatoria del mandato del presidente Noboa, pero no han concretado la causal para aquello. Se advierte entonces que les anima un interés politiquero utilitario para buscar el poder que, por las urnas, les ha sido esquivo. Recordemos que con Arauz y Luisa fracasaron estrepitosamente en los dos últimos procesos eleccionarios, e Iza solo tuvo un 5% de apoyo. Dicho en otras palabras, son perdedores y resentidos.
Este proceso está regulado, a más de la constitución, por la ley orgánica de participación ciudadana y el código de la democracia. Puede solicitarse transcurrido un año del período presidencial y no durante el último año. La causal que estaría siendo aplicada es la relativa al incumplimiento del plan de trabajo, mismo que puede ser arbitrariamente interpretada. Admitamos que un plan de trabajo se presenta para ser ejecutado durante el período de cuatro años, de ahí que es imposible que se lo concrete en un año de mandato. Solo este hecho deslegitima cualquier intención en este sentido, si tenemos en cuenta, además, que todo gobierno durante el ejercicio del poder va perdiendo apoyo, debido precisamente al natural desgaste.
Parece que disgusta mucho la forma de trabajo del presidente, aduciendo que viaja mucho y no está ejerciendo sus funciones “en territorio”; atraer inversiones no precisamente se gestionan detrás de un escritorio, se precisa realizarlas a través de reuniones al más alto nivel y en persona. Los pocos convenios de garantía de inversiones que tenía el Ecuador, fueron cancelados o denunciados durante el gobierno de Correa; por tanto, recuperar el tiempo perdido amerita tratos directos y de manera ejecutiva. Estamos en otro tiempo donde las relaciones internacionales son directas y no vía gestiones protocolarias. De ahí que boicotear el trabajo mediante la revocatoria del mandato es estar anclados en el pasado, en lo mismo de siempre y no estar con el país, con su gente y su desarrollo.