Los verdaderos demócratas –muy pocos ciertamente- saben muy bien que gobernar implica cumplir fielmente la Constitución de la República y la ley. Y, al hacerlo, están obligados a garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, como la vida, la libertad, la seguridad jurídica, el trabajo, la salud, entre otros. Respetar la estructura de las funciones del estado es clave para poder vivir en una república responsable que se precia de tal. Esto representa el estado de derecho que no siempre se lo respeta y entienden.
Varios gobernantes del país, en el ejercicio de las funciones de presidente, confundieron el verdadero rol del jefe del estado que se le asigna. Y ésta conducta, propia de personas carentes de verdadero liderazgo y conocimiento del derecho público, sólo denota evidentes actitudes dictatoriales, propia de populistas, alentados por arlequines y corifeos de circo barato, aprovechadores de un poder efímero. Han vivido del cuento sin mayores argumentos que repetir consignas cansinas y vacías.
Cuando estuvieron encumbrados en el poder, endiosados por grupúsculos que medraron del aplauso y de la lisonja, declararon que, al ser jefe del estado, son, además, jefe de las funciones legislativa, judicial, de control, de transparencia, electoral y también jefe de los superintendentes, o sea, se creyeron monarcas o emperadores. Este tipo de comportamientos dio como resultado la descomposición gubernamental y abrió el camino a la corrupción.
Resulta que ahora, como ya no disfrutan del poder -aquel añorado y del que aún no se reponen de la pérdida-, son los primeros en criticar las actuaciones del régimen en ejercicio: aducen que el abuso se ha hecho presente, que se han tomado las instituciones del estado, que han captado todas las comisiones legislativas, que no les permiten hablar y hacer valer sus “derechos”, etc. Estas críticas sí que constituyen la mayor “caretucada” del siglo XXI. Karma se llama, e implica que ciertas acciones tienen sus consecuencias y se le “cobran” en su momento.
Lo anterior nos sirve para recordar a Montesquieu, autor de “El espíritu de las leyes”, quien desarrolló la teoría de la división de poderes (el legislativo, ejecutivo y judicial), con la finalidad de evitar la concentración del poder en una sola de ellas, como órganos independientes, y, de esta manera, garantizar la libertad política y la protección de los derechos básicos de las personas. Este es el basamento de una democracia representativa cuya finalidad es hacer prevalecer el Interés Público.
Nos alienta también a insistir en la necesidad de echar abajo a la nefasta constitución del 2008 que terminó con el Estado de Derecho, creando arbitrariamente nuevas “funciones” como la del inefable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que resultó un total fiasco. Por si ello fuera poco, degradó a la Corte Suprema de Justicia, a la de una disminuida Corte Nacional, para dar paso a la Corte Constitucional (CC) que ha resultado más bien un órgano politiquero que desnaturaliza la unidad de la función judicial.
Cuando logremos volver al verdadero Estado de Derecho, podremos construir un país de oportunidades que aliente a los jóvenes trabajar sin tener que salir a buscar futuro afuera, sin el cariño de los suyos, alejado de sus recuerdos y sujetos a vivir sin la bandera tricolor que les cobije. Lo que si estamos seguros es que los abusos que todos condenamos, no se darán porque hay nuevos demócratas que tienen claro su deber para con la Patria.