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El reloj marca el paso del tiempo y estamos a menos de doce meses de concurrir a las urnas para elegir las autoridades seccionales que gobernarán por cuatro años hasta 2031. Por lo que han despertado los que sueñan con ser autoridad, para supuestamente servir a la comunidad. Reaparecen de la nada la “bola” de agrupaciones políticas para ofrecer su casillero a quien tenga la capacidad de satisfacer sus condiciones. Por otro lado, aparece una nueva ola de “consultores” y asesores de imagen, politólogos, brujos, estilistas y toda clase de proveedores de servicios que aseguran convertir al ingenuo precandidato en el ganador de la contienda. Todo este entorno electorero imprime un ritmo agitado a la arena política. Todos los actores priorizan las decisiones según su conveniencia electoral.

Es un año de incertidumbre, en que se dilatan las decisiones importantes y se priorizan las que producen efectos inmediatos en la dirección que favorezca a quien lo impulsa. El efecto llega inclusive al gobierno central que, si bien no está buscando votos directos, aspira tener amplio respaldo indirecto a través de sus candidatos seccionales, con miras a tener una organización política fortalecida en las siguientes elecciones de presidente y asambleístas. Entonces podemos comprender, no necesariamente aprobar, algunas decisiones recientes del Ejecutivo.

En el frente de seguridad, que es el de mayor preocupación para los ecuatorianos, se han dado pasos firmes para enfrentar a las organizaciones delictivas que han fortalecido su organización y presencia en el territorio nacional desde hace casi veinte años, a la sombra de una clase política que llegó a controlar todos los poderes del Estado. Ecuador apareció como un paraíso de tránsito y lavado de dinero, atrayendo negocios multinacionales. La dolarización, ubicación geográfica, amplias fronteras sin efectivos controles, colaboración de autoridades, jueces y fuerzas del orden, acceso a vías marítimas y otras, permitieron captar la mayor parte de exportación de producción colombiana de estupefacientes. Tan pronto cambió la cúpula en Ecuador, empezaron a salir a la luz estas crueles verdades. Desmontar todo este aparataje ilícito es muy duro, demanda muchos recursos económicos, tecnológicos y humanos, de la mano de unas fuerzas del orden altamente preparadas, que sean capaces de sostener un conflicto armado por largo tiempo.

Con este objetivo, es motivo de aplauso la gestión del comandante en jefe de nuestras FF. AA. El presidente Daniel Noboa, quien ha destinado el incremento del IVA y mucho más, a convertirlas en un ejército moderno con capacidad de enfrentar la violencia cruel que se apoderó de los puertos, carreteras, plazas y parques llegando a ubicarnos en el primer país en muertes violentas en el continente. No existe otra forma de enfrentar tanto derramamiento de sangre que superando la capacidad bélica de los ejércitos de bandoleros. Bienvenida la ayuda militar especializada de Estados Unidos, Europa y cualquier país que se sienta afectado por la comercialización ilícita que cruza nuestra Patria. Plausible la labor de nuestro ejército y Policía Nacional.

El mundo, por otro lado, está convulsionado con los acontecimientos políticos y comerciales que han ocurrido de manera inesperada en Norteamérica y Medio Oriente. El nuevo modelo comercial impuesto por Donald Trump ha dado al traste con los esquemas que han estado vigentes por décadas. Ahora debemos alinearnos con las nuevas reglas, en función de los intereses nacionales. Ecuador debe estar en la mesa para no aparecer en el menú. Las relaciones bilaterales imperan. Cada país debe sacar el mejor provecho de sus potencialidades. No es posible esperar dádivas. Los experimentos neosocialistas han fracasado, dejando países quebrados que están condenados a vivir de la imposición de los más poderosos. Afortunadamente salimos de es grupo.

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