Son insistentes y justificados los fuertes reclamos que hacen a fiscales y jueces, por parte de la ciudadanía y de la institución policial, en el sentido de que no cumplen con sus obligaciones, al dejar en libertad a personas que actúan al márgen de la ley, a pesar de aportar suficientes elementos y pruebas que les sirva de base para no dejarlos libres y someterlos al proceso legal correspondiente. “Ya no le pidan más a la policía nacional… vayan y exijan a los fiscales y a los jueces que actúen en derecho”, son las firmes expresiones caldeadas de reclamo de un alto oficial de la policía. Este tipo de llamados sólo se dan cuando la situación se ha tornado grave.
Muchos de éstos delincuentes que los dejan libres son reincidentes y peligrosos. Esta realidad no hace viable a un país y obviamente no contribuye a la convivencia pacífica de la sociedad. Platón, en su obra La República, expresaba que “la justicia es una virtud fundamental tanto para el individuo como para el Estado”, añadiendo que “es un principio de armonía” en su administración; sin esta cualidad, la justicia no es posible, al resquebrajarse la institucionalidad por falta de cumplimiento de la ley y falta de cooperación entre las funciones.
Para que una democracia funcione es imperioso que todas las funciones del estado actúen con la debida diligencia, dentro de las competencias previstas en la constitución; esto quiere decir que el principio de cooperación es clave para que el sistema funcione. De qué sirve el combate sin cuartel al crimen organizado, si no existe la determinación de los operadores de justicia de actuar en consecuencia, esto es, sin perder de vista las implicaciones perversas que pueden sobrevenir si su actuación no responde a la gravedad del caso.
Muchos expertos en derecho penal advierten la urgente necesidad de incorporar al Código Orgánico Integral Penal (COIP) varias reformas encaminadas a evitar que fiscales y jueces no actúen en derecho. No es posible, por ejemplo, que el reincidente tenga el mismo tratamiento que le dan a una persona que no tiene la misma conducta delictiva. La reincidencia debe ser considerada como agravante de las infracciones, sin derecho a fianza. Muchos de estos delincuentes salen libres e inmediatamente cometen otro delito. Esta conducta altamente peligrosa debe tener un tratamiento más riguroso por parte de los fiscales. Tengo para mi que se precisa una especie de consulta previa a un superior para definir la actuación de los fiscales a fin de determinar si procede la prisión preventiva o las medidas sustitutivas. Las veedurías ciudadanas también ayudarían en este empeño.
Lo frustrante es que jueces acaban de dictar sentencias con penas de cárcel para servidores policiales, por el “delito” de actuar en contra de delincuentes. Estos justos llamados a que jueces y fiscales actúen apropiadamente no es una cuestión menor: debe ser materia de estudio, reflexión y actuación por parte de la función legislativa. Los casos de justicia por mano propia de parte de furiosos ciudadanos al capturar a un delincuente es una clara demostración de que no está funcionando la justicia ordinaria, y, además, que la gente ya no cree en los métodos jurídicos establecidos. Es evidente la falta de compromiso de las autoridades para solucionar esta situación. Desprenderse de las negativas impertinencias ideológicas es clave para actuar.