Lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI con Venezuela y Cuba, permite ubicarnos en la situación jurídica que imperó en varias partes del mundo: los denominados protectorados. Las consecuencias creadas por los gobiernos comunistas, por tantos y destructivos años con períodos de represión y saqueo, han sido de tal magnitud que ha requerido la intervención obligada, esperada y hasta cierto punto añorada de la principal potencia hegemónica mundial. El economista Thomas Sowell ha dicho que “el fraude más antiguo es la creencia de que la izquierda política es la ideología de los pobres y los oprimidos”. No se equivocó.
Según la RAE, protectorado es una “modalidad de administración por la que, mediante un tratado internacional, un Estado ejerce el control, especialmente en lo relativo a asuntos exteriores, defensa y orden público, sobre un territorio en el que existe una entidad política dotada de autoridades propias”. Los casos que cumplían todas estas condiciones son el protectorado de España de Marruecos (1912-1956) y el protectorado de Gran Bretaña de Egipto (1882-1922), que luego pasaron a ser países independientes, luego de varios y pesados períodos.
Tantos años en el poder de los Castro, Chavez, Díaz Canel y Maduro han hecho de estos países lugares de pobreza y desesperanza; millones abandonaron sus respectivos países para convertirse en errantes obligados por las circunstancias generadas. Quienes salen de sus países lo hacen por varios motivos: represión, falta de trabajo, crisis social y económica. Es el escenario cruel generado por el despotismo que la comunidad democrática internacional ha denunciado y presionado por una solución integral.
Con la salida de Maduro del poder en Venezuela -luego de la espectacular extracción del dictador por parte de militares de élite de los Estados Unidos de América-, se dió inicio a una especie y sui géneris protectorado, al encargar provisionalmente la presidencia a Delcy Rodríguez, dura dirigente de la llamada revolución bolivariana. Con ella, se han dado pasos importantes como paso previo al establecimiento de un gobierno democrático, aunque no se avizora cuándo. La líder indiscutible María Corina Machado sigue empeñada en restaurar la institucionalidad en Venezuela, lo más pronto posible.
Cuba es un tanto diferente, dado que Raúl Castro y Díaz Canel estarían negociando algunos términos para un cambio político en la isla y quizás una retirada menos dramática como la sufrida por Maduro. No hay todavía señales claras de una intervención directa de los Estados Unidos de América, aunque ya se habla de cierta apertura económica. La permanente actitud hacia el cambio liderado por el Secretario de Estado Marco Rubio, es determinante dados sus orígenes cubanos. Entiende más la situación y fenómeno de dicho país y eso puede ayudar a que las soluciones se concreten.
Convengamos entonces que, con los mencionados países, se estaría configurado una especie de protectorado, de facto, al no existir un acuerdo que así lo establezca y reconozca; constituye más bien una forma camuflada de aceptar una intervención dado que no les queda otra posibilidad a sus dictadores de sobrevivir un tiempo, hasta que las condiciones internas permitan lograr la institucionalidad requerida y tener autoridades democráticamente elegidas. Esto demanda tiempo, recursos y nuevos líderes. La intervención de los Estados Unidos de América de ninguna manera deberá ser prolongada: es necesario que llegue cuanto antes la plena libertad para dichos pueblos.