Nuevamente nos encontramos en un proceso electoral para renovar los gobiernos seccionales. La Constitución de Montecristi nos impuso un modelo concebido en la Madre Patria por Pablo Iglesias y sus amigotes socialistas europeos. Parte fundamental de dicho modelo político administrativo es la “autonomía y descentralización” que impera en la mayoría de los países europeos, por muchos años, a pesar de lo cual no se han limado asperezas. De hecho, sobreviven profundas diferencias que motivan fracturas sociales irreconciliables como en el País Vasco y Cataluña, que no cesan en sus esfuerzos por independizarse de España. Este ejercicio caprichoso de “trasplantar” un modelo ajeno a nuestra cultura, no ha logrado calar en los 222 municipios y 24 provincias, a pesar de haber transcurrido 18 años de vigencia.
Conceptualmente, se busca otorgar competencias específicas para cada uno de los 4 niveles de gobierno concebidos, aunque los gobiernos regionales son “no natos” pues jamás se implementaron. De aplicarse estrictamente el esquema implantado, no se cruzarían las responsabilidades entre dichos gobiernos y cada uno debería responder por su espacio de gobierno. En el reparto, jamás intervinieron los afectados. El resultado fue ampliamente favorable a los intereses políticos del Ejecutivo, que se reservó las competencias más manejables y políticamente rentables, como son la educación, la salud, la seguridad, etc. Mientras que, cómodamente, relegó a los municipios la atención exclusiva de saneamiento ambiental, gestión de desechos sólidos, agua potable y alcantarillado, además de otras competencias compartidas con el Ejecutivo. Para los gobiernos provinciales se reservaron las competencias exclusivas de vialidad rural, riego, medio ambiente y productividad, además de otras competencias compartidas.
La realidad es que, a pesar del tiempo transcurrido, permanecen las actitudes feudales que existieron bajo la Ley de Régimen Municipal, en que los alcaldes y prefectos intervenían en todas las actividades que querían. Era evidente la atomización de recursos, debilitando la gestión, en todos los campos. Lo que tenemos ahora son pequeños países independientes gobernados por grupúsculos políticos que actúan en su propio beneficio. La compleja red de normas creadas para poner orden en esa gestión, son letra muerta y los actores lo saben. Como consecuencia, se infringe la ley con mucha ligereza, sabiendo que la Contraloría General del Estado llegará tarde, mal o nunca. Y en caso de que se pronuncie sobre faltas administrativas, el proceso sancionatorio no tendrá fin en la gran mayoría de los casos, salvo para aquellos actores políticos que se ganen la enemistad del régimen de turno.
El manejo presupuestario, administrativo y organizacional es potestad del Ejecutivo, quien no se siente fiscalizado y peor supeditado al poder legislativo de su entidad, que fácilmente se controla con la mayoría de los votos conseguidos a cambio de dádivas. Los super poderes del Ejecutivo le permiten decidir, motivado por lo que da más votos, bloqueando toda iniciativa de concejales y consejeros, que ocupan un puesto decorativo, remunerado, limitándose a hacer declaraciones a semejanza de denuncia a la opinión pública y en el mejor de los casos enviando una carta a la Contraloría General del Estado para que intervenga.
Estos espacios de poder salen en subasta el día de elecciones. La ambición convoca a muchos improvisados a participar, sin tener posibilidades, para pescar a río revuelto. El alcalde de Latacunga en funciones fue elegido con 26% de votos válidos, mientras que la prefecta lo logró con 19%. Mientras más candidatos se presentan, más reducida es la votación requerida para “triunfar”. La presencia de candidatos “chimbadores” desfigura el proceso democrático y debilita la legitimidad del triunfador. Penosamente, debemos escoger del menú preparado por la clase política y aspirar a que gane el menos malo.
¡POBRE DEMOCRACIA!