Las noticias negativas no dan tregua: “La Asamblea aprueba investigar a 95 alcaldes y prefectos por irregularidades en sus patrimonios”. Lejos de discutir si éste órgano tiene o no competencia para tratar estos temas, queda claro que la serie de evidencias que habría detectado la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI), obliga a las instituciones a tomar partido para velar porque los recursos públicos sean adecuadamente invertidos y, además, no sean esquilmados, desviados o robados en términos objetivos.
Se ha mencionado por parte del representante de la comisión respectiva de la Asamblea Nacional que existen 97 casos donde se ven incrementos de patrimonios sin justificación; el informe respectivo ha sido enviado a la Fiscalía General del Estado para el trámite que corresponde. La Comisión ha hecho bien en no señalar nombres de alcaldes y prefectos, incursos en posibles delitos, precautelando el principio de inocencia, esperando que ésta entidad proceda como manda la ley.
Al momento, es público y notorio que siete alcaldes han sido detenidos para investigación y enfrentan procesos por corrupción y lavado de activos. Además, el 30 de octubre pasado, las instalaciones de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y del municipio de Guayaquil han sido intervenidas por un presunto delito de peculado. Lo cierto es que estamos observando y presenciando estupefactos, un escenario gris, preocupante y pavoroso por la serie de casos de corrupción que se espera sean debida y legalmente procesadas. ¿Qué le pasó a la sociedad que está eligiendo con ligereza a gente sin exigirles pruebas de capacidad y honorabilidad?
¿Dónde quedó aquello de la probidad notoria para el ejercicio de los cargos públicos? No es dable que busquen acceder a funciones delicadas de representación con la finalidad de servirse del cargo, abandonando las promesas a manera de enganche para lograrlo. Esto es típico del populismo que engalana frases de cliché, repetitivas y vacías, ofreciendo supuestas reivindicaciones sociales que son utopías de políticos extremistas, propio de ideologías fracasadas.
Recordemos que la Constitución chavista del 2008 consagra al Ecuador como un “estado de derechos”, y no de DERECHO, y terminó abriendo el camino al abuso del poder; a creer que la impunidad del “servidor público”, del político con hambres atrasadas, es una especie de patente de corso para poder actuar a sus anchas, sin dar cuenta a nadie; a creerse “bacán del barrio”, siendo lo que es, “sapo vivo”, que vive a costa de los pobres tontos mortales que trabajan. Los buenos ciudadanos sólo quieren transparencia y adecuada utilización de los recursos nacionales.
Lo mencionado no ha cambiado en la política de nuestro país; nos hace recordar una de las famosas frases a manera de sentencias del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, respecto de la corrupción que decía se habrían dado en el gobierno del cual era vicepresidente: son actos cometidos por una “camarilla de hombres enloquecidos por el dinero”. Pero lo que ha ocurrido en el Ecuador del Siglo XXI, el robo fue efectuado “con tontera y todo” como se dice coloquialmente. Basta ver el partido político al que pertenecen.
Esta es una penosa y dura realidad que termina por impedir el desarrollo del país; mina la confianza ciudadana en sus instituciones; impide la participación de la gente honesta en política, debido a lo intrincado de las leyes que los proscribe; y, por fin, genera una suerte de acostumbramiento al sistema que termina por socavar los principios éticos y morales de la gente.