La productividad y la competitividad, son dos factores claves en el sector productivo, siendo transversal a todos los sectores. Esto es lo que diferencia a los países, que se esmeran por ser mejores para ganar espacio en el contexto de los mercados globales, e inclusive dentro de su propio territorio, donde compiten con productos importados. Es por esto que, desde el sector industrial, hemos insistido a todos los gobiernos de turno, que normalmente están manejados por políticos sin visión sobre esta materia, para que establezcan estos objetivos como “políticas de Estado”.
La productividad depende, sobretodo, de los actores privados. Se trata de optimizar los recursos que giran alrededor de la actividad particular. Es necesario tecnificar los procesos, capacitar al personal, racionalizar los espacios, controlar tiempos y movimientos, desarrollar nuevos productos, destinar recursos a investigación, mejorar los empaques, abaratar costos, abrir nuevos mercados, todo esto con el objetivo de ser mejores que la competencia. El resultado global debe traducirse en bajar los costos de producción, para ofrecer mejor calidad y precios que los competidores.
Un factor de extrema importancia es lograr altos niveles de producción que permitan bajar el costo fijo por unidad de producción. Para esto, es indispensable establecer el “punto de equilibrio” de la actividad. Esto significa el punto en que los ingresos igualan a los costos fijos más costos variables, es decir que no existen pérdidas ni ganancias. A partir de este punto, de forma paulatina, los ingresos superarán a los costos totales, dejando un margen de utilidad. Mientras que, si la producción baja, se generarán pérdidas.
Por otro lado, la competitividad depende del sector público, que determina las condiciones del entorno para el sector productivo. Uno de esos factores es la energía eléctrica, que en nuestro país es monopolio del Estado, por considerarse un sector estratégico, administrado por el Estado, según lo estipula la Constitución Política. Siendo un insumo clave en la producción, con mayor peso específico en diferentes industrias, sus costos, calidad y confiabilidad incidirán en hacer de la actividad productiva, más o menos competitiva. Por ahora, no somos competitivos en esta materia, en comparación a nuestros países vecinos.
Muchas otras políticas públicas inciden directamente en la competitividad. La política laboral, la estructura arancelaria, los acuerdos de libre comercio, la red vial, la seguridad para las operaciones, la movilización humana, de insumos y productos terminados. La infraestructura pública de aeropuertos, puertos, carreteras, puentes. El acceso a capacitación del personal, la política tributaria, los incentivos para determinadas actividades, las facilidades para nuevas inversiones, la seguridad jurídica que incluye reglas claras, libertad de movilización de divisas, acceso a administración de justicia sin sesgos.
Por estas razones, en la medida que no sea competitivo el país y los sectores productivos no alcancen alta productividad, estos no tendrían buenas posibilidades de competir exitosamente con otros países, tanto en el mercado globalizado, como dentro del país. Esto se puede apreciar en el sector agrícola, cuyos costos de producción son elevados en comparación a otros países, por baja productividad. La solución estará siempre en mejorar la competitividad y productividad. Esta es una misión conjunta entre los sectores público y privado, que debe ser permanente, pues los mercados evolucionan. No se puede resolver el problema con fijación de precios mínimos al productor y precios oficiales al consumidor, pues el resultado será peor. Los costos seguirán altos y los productores demandarán mejores precios.
Por lo demás, Ecuador tiene ventajas comparativas destacadas, como recursos naturales, recursos humanos, ubicación geográfica, calidad de suelos, alturas, temperaturas, etc. que, bien administrados, con seguridad podrán dinamizar la economía, generar empleo y prosperidad sostenible.
¡MANOS A LA OBRA!