La novedad destacada que nos dejó la Asamblea Constituyente de Montecristi, arropada con una letanía interminable de “Derechos”, hasta para la naturaleza, es la “participación ciudadana” inspirada en los spanish boys que vienen enrumbando a la madre Patria hacia la izquierda socialista, bajo el título engañoso de Socialismo del Siglo XXI. La primera versión aterrizó en manos de Hugo Chávez, cuyo mentor desde la isla de Cuba le heredaba la carga de recuperar el bastión del moribundo comunismo soviético. Desde los inicios de la democracia, se aseveraba que el poder está en el pueblo y que los mandatarios estaban para cumplir con los deseos de sus mandantes, los votantes. Pero la verdad es que nunca volvemos a ver a los elegidos hasta la siguiente elección.
Han transcurrido 17 años desde la aprobación de la constitución vigente, cuyo contenido entendieron muy pocos, excepto los autores, cómplices y encubridores que gobernaron 10 años a gusto. También debió haber participado en la toma de decisiones importantes el pueblo a través de múltiples forma de consulta que se pueden realizar, como ocurre en otros países. Sin embargo, jamás existió la voluntad política para hacerlo, pues resultaba incómodo abrir espacios para que ciudadanos de libre pensamiento, profesionales, colectivos ciudadanos y militantes en otros partidos políticos, aporten sus criterios y sean valorados objetivamente. La cómoda mayoría legislativa que ostentaba el gobernante, la permitía gobernar a su gusto. Al fin y al cabo, se sentía jefe de los cinco poderes del Estado, es decir la máxima autoridad sobre todo el país.
El COOTAD reconoce a la participación ciudadana como la “tercera función” de los gobiernos seccionales y determina alrededor de 17 formas para ejercer este derecho constitucional establecido en el artículo 95 de la Carta Magna. Lamentablemente, a pesar del tiempo de vigencia transcurrido, tanto autoridades como ciudadanía, no han puesto en práctica esta modalidad de “cogobernar”. De hacerlo, no existiría descontento en la población por las prioridades determinadas por el ejecutivo de esos gobiernos (provincial, municipal y parroquial) que mayoritariamente conllevan intereses individuales y políticos, con protervas intenciones, alejadas de los intereses comunitarios.
Nunca es tarde para corregir el rumbo de nuestra incipiente democracia. El presidente Noboa ha planteado la convocatoria a una Constituyente, que será puesta a consideración del pueblo en pocos días. Contando con ese aval ciudadano, que no dudo será concedido con expectativas de salir del estancamiento que hemos tenido desde siempre, estaremos redactando una nueva visión de país. Con esta oportunidad, es momento de retomar nuestro derecho a participar en la construcción de las bases de nuestro futuro país.
Es hora de que, como ciudadanos capaces de aportar para esta tarea, nos organicemos como colectivos de toda índole, alrededor de cualquier nexo que nos vincule y pongamos sobre la mesa los temas constitucionales que deban ser restructurados. La vía de canalizarlos es a través de los asambleístas electos de cada provincia, para lo cual tenemos el limitado tiempo desde hoy hasta que sean proclamados. Debemos también dar seguimiento a los avances de la Constituyente, hablando alto y con firmeza, para que no se desprecien nuestras opiniones. Todas las organizaciones sociales deben promover la discusión de estos temas, identificando los más prioritarios a juzgar por nosotros, los comunes ciudadanos.
En este contexto, es plausible que el presidente haya recurrido a sus mandantes para pedir su criterio sobre temas de trascendencia, a su sano criterio, en ejercicio de las prerrogativas que ostenta como presidente en funciones. Los resultados de este ejercicio de democracia serán el fruto de la participación de nuestros asambleístas constituyentes, que deberán recoger las opiniones de sus representados, siempre y cuando estos cumplan con su deber de expresarse.
¡ELEVEMOS NUESTRA VOZ!
