Observando el comportamiento de la campaña electoral para alcaldes de Latacunga, a vista y paciencia del CNE que actúa como la justicia (ciega), considero una responsabilidad ciudadana aportar la información que aporte a evaluar objetivamente las capacidades de los auto calificados “impolutos” personajes, que se consideran calificados para administrar el gobierno municipal. Esta primera crónica, que la divido en dos partes, se refiere a quien ocupó el sillón de Cajiao entre 2014-2019 (5 años). Patricio Sanches se halló el puesto, pues el candidato gobiernista Espin perdió por el rechazo del pueblo a la construcción de la cárcel, dando su voto al primer oponente. Fue un accidente de la política.
Inició su gestión declarando terminado unilateralmente el contrato para la construcción del puente sobre el rio Cutuchi a la altura del Hospital del IESS, a pesar de que estaba avanzada su construcción, contratada por el saliente alcalde Espin. No hubo “entendimiento” con el contratista y optó por reemplazarlo con el puente de la batea en la calle Galo Torres, torciendo la mano para aceptar deprimir el ingreso de la av. Eloy Alfaro para favorecer a la empresa de cárnicos que accede a su propiedad por la quebrada. Grave error por ser es la ruta prevista de lahares. Es a todas luces antitécnico y peligroso.
En contubernio con el prófugo ex ministro de industrias Ramiro González, presidente de su partido AVANZA, recibió una donación de $2 millones de dólares para la compra de un camal en España, con recomendación de su benefactor. De igual manera se destinaron fondos para un viaje de negocios a España para concretar la compra y cerrar otra por contenedores que terminaron en litigo legal por mala calidad.
Para sorpresa suya, el presidente SS XXI se presentó personalmente el 11 de noviembre de 2014 para concretar el ofrecimiento hecho público de beneficiar con $30 millones en obras al cantón que le permita construir la cárcel. Comprometió la entrega de $15 millones no reembolsables de la Agencia Francesa de Desarrollo y $15 millones en crédito del Bede destinados para el plan maestro de alcantarillado, cuyo presupuesto subió en manos del nuevo alcalde de $75 a $90 millones. Esa administración no pudo colocar en 5 años ni siquiera la primera piedra, pero en los últimos días adjudicó dos contratos a empresas fantasmas. Uno para construir colectores y conducir las aguas servidas hasta la planta de Salache y otro para construir la planta de tratamiento de aguas servidas. El primero fracasó luego de 7 años y fue terminado unilateralmente por el actual alcalde. El otro fue revisado por la Procuraduría General del Estado y adjudicado al segundo oferente, quien construyó exitosamente la planta.
EPAGAL, creada por su antecesor, quedo impaga desde diciembre 2013 por dos años. GLOBALPARTS demandó el pago y terminación del contrato. Ganó el pleito y retiró en junio 2016 todos los equipos de su propiedad. Desesperado el alcalde, con una empresa quebrada por un incompetente que la administraba desde Espin, pasó una ordenanza imponiendo una tasa para “disposición final“ de un dolarito a usuarios rurales y dos dolaritos a los usuarios urbanos, que debía utilizarse exclusivamente para la construcción de un “relleno sanitario” que no existe hasta la fecha. Esta tasa costó a los ciudadanos $8 millones hasta diciembre 2020, en que Cárdenas la modificó.
No podemos olvidar el escándalo alrededor de la asignación de cupos para taxis. Cuando explotó el escándalo, el alcalde negó toda autorización y responsabilizó al director de movilidad, un incapaz que se aseguró de cumplirles para detener sus reclamos de haber pagado para conseguirlo, guardando sigilo sobre los entretelones del episodio. Continuará en el siguiente artículo de opinión.
¡ESTE ES SOLO EL COMIENZO!