La seguridad jurídica ha estado en la boca de la mayoría de los ecuatorianos, de una manera u otra en los últimos años, especialmente cuando cuestionamos la falta de inversión privada, fundamental para generar empleo y dinamizar la economía que se ha estancado desde 2015. Penosamente, no pasa del diagnóstico a la resolución del problema, que corresponde por igual a los tres poderes fundamentales del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Las consecuencias se extienden a lo largo de todos los sectores, cuyos perjuicios se diluyen en el tiempo, causando daño a semejanza de un cáncer que hace metástasis en el cuerpo.
El poder legislativo es responsable de redactar leyes claras, entendibles, equilibradas, oportunas, justas, que dispongan, permitan o prohíban todas las acciones que deben ser reguladas, sin estrangular a sus ciudadanos. Cada disposición emitida en un Estado limita un poco más las libertades que tuvimos antes de someternos a este esquema de convivencia. Hemos cedido nuestro derecho a definir el marco legal a un reducido número de individuos, cuyas cualidades deberían estar a la altura del encargo. Únicamente la Constitución debe ser aprobada expresamente por los ciudadanos en uso de sus derechos civiles. En cuanto a todas las demás, se establece la necesidad de sanción o veto por parte del colegislador, el presidente de la República. Finalmente, el poder judicial debe garantizar el cumplimiento de la ley y sancionar su incumplimiento.
En el intento de hacer una evaluación del cumplimiento del esquema teórico descrito, es necesario resaltar el monumental desorden que existe en materia de legislación. Por alguna razón que no está clara, los legisladores del presente siglo relacionan la calidad de su gestión con el número y la complejidad de las leyes promulgadas. Existe la convicción que todos los males se resuelven con una ley. Es posible que Ecuador sea el país con la más abundante legislación, sin que se observen los resultados positivos en la misma proporción. Se agrava la situación al momento de emitir los reglamentos a dichas leyes, a cargo del ejecutivo, pues a cuenta de reglamentarla, se modifican los conceptos a gusto del presidente, para finalmente complicar el panorama con resoluciones y decretos de supuesta aplicación, aprovechados para modificar los anteriores a gusto del funcionario de menor rango.
Las reformas de ley sobre ley, especialmente en materia económica que se tramitan como ley urgente, otorgando apenas treinta días al legislativo para pronunciarse, son parches sobre parches, que en muchos casos crean confusión y hasta contradicción, con perjuicio para los contribuyentes. La autoridad actúa con prepotencia imponiendo su interpretación, obligando al gobernado a someterse al criterio emitido o buscar justicia por medio de los tribunales de lo contencioso tributario o administrativo, que son las experiencias más angustiantes que puede vivir una persona natural o jurídica. Inverosímil pero cierto, únicamente existe una sola instancia en materia tributaria, donde se definen los desacuerdos en materia de impuestos, mientras en las demás áreas son dos instancias. Entonces la suerte del contribuyente está en manos de un solo tribunal de jueces que no son especializados en esta materia, que puede ser bastante compleja por la falta de claridad en las leyes, las particularidades de la actividad o las circunstancias especiales que no están normadas en la ley.
La autoridad tributaria tiene hasta tres años para revisar lo declarado por los contribuyentes, que en muchos casos es cuando el gobernado recién conoce la interpretación de la autoridad, que asume el rol de interpretación de la ley. La cancha es inclinada hacia la autoridad. El tiempo de solución de los juicios es indeterminado, pudiendo llegar a dos décadas. Eso es inseguridad jurídica.
¡CONSTRUYAMOS SEGURIDAD JURÍDICA!
