Los GAD municipales tienen la facultad de dictar ordenanzas, que son leyes de ámbito cantonal, por medio de las cuales permiten, prohíben o disponen determinadas actividades o comportamientos de la ciudadanía. Esto significa que el país tiene 221 cuerpos colegiados legislativos que, por medio de esta capacidad, establecen las normas de conducta en sus territorios. Todos ellos tratan de resolver problemas similares, sino idénticos, al amparo de la misma Constitución y leyes inferiores que son de ámbito nacional. Sin mayor análisis, se puede colegir que existen muchas contradicciones, repeticiones, ambigüedades, excepciones y muchas otras formas que les diferencian, dando como resultado que cada cantón es un distinto territorio en relación al marco legal. Esta complejidad se agrava con el paso del tiempo, pues muchas ordenanzas se vuelven obsoletas y esperan años para ser actualizadas, quedando hasta tanto como letra muerta.
La Constitución de Montecristi establece que las leyes deben propender a la eficiencia, transparencia, simplicidad y entendimiento para el común y corriente ciudadano mayor de edad, quien deberá someterse a ellas, so pena de enfrentar sanciones. Lamentablemente, esa capacidad legislativa no cumple con estos preceptos y estamos ahogados en toneladas de ordenanzas que vuelven caso imposible su cumplimiento. De ahí que nos referimos a ellas como “letra muerta”. No vemos interés alguno en los actores políticos para analizar y cambiar esta dura realidad. Existen muchos municipios que carecen de la capacidad técnica, financiera o administrativa para pretender legislar adecuadamente, actualizando ordenanzas, derogando otras, y creando nuevas. Peor aún, aprobando ordenanzas mal estructuradas que no sirven a nadie.
Una de las falencias en materia de legislación es la falta de participación ciudadana, a pesar de constar en la Constitución vigente como un derecho e inclusive una obligación, por falta de convicción por parte de las autoridades y por negligencia de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que todas las normas legales “restan derechos” a los habitantes del territorio normado, les asiste todo derecho a los beneficiarios de participar en la construcción de estas. Difícilmente los funcionarios públicos podrán advertir las necesidades reales de todos los segmentos de la población y peor aún las soluciones adecuadas que puedan alcanzar el bienestar que todos buscan. Existe un celo “político” en muchos funcionarios y autoridades al momento de tomar decisiones de interés público. Actúan como si fueren dueños de la verdad. Viven reacios a escuchar y prevalece la “intelectualidad jerárquica” donde se impone el pensamiento del nivel superior y punto.
De la lectura pausada de la Constitución actual, se desprende que supuestamente vivimos en un país de “derechos” que están “garantizados” en el papel y que jamás podrán ser cumplidos puesto que son apenas utopías que viven en la mente de los demagogos que buscan el poder a costa de cualquier cosa. Tan alta está la vara, y tan alejada está la realidad, que jamás alcanzaremos el objetivo prometido, porque no se construyeron las bases para llegar tan alto. En segundo lugar, el modelo político administrativo es de “participación” que parte de la voluntad de los mandantes, que somos los votantes y se traslada a los “mandatarios” para que la ejecuten. Nuevamente, letra muerta que lleva 18 años en espera de ser desempolvada y puesta en marcha.
Buscando lo positivo en esta materia, debo resaltar el espíritu de apertura que ha demostrado la administración y cabildo de Latacunga abriendo sus puertas para permitir que la participación ciudadana aporte en la construcción de la “Ordenanza para la Administración, Operación y Mantenimiento” del que henos propuesto llamar “Parque Ecológico Tilipulo”, que le da identidad propia. Felicitamos la apertura de concejales, directores, procurador sindico y técnicos.
¡ESE ES EL CAMINO!