Desde que la evolución permitió salir de la barbarie y aparecieron las primeras civilizaciones, se comprendió la necesidad de normar las conductas individuales para armonizarlas bajo un parámetro común, que permitiera equilibrio social, así nacieron los códigos normativos conocidos como leyes que buscan otorgar justicia a todos, creando así el derecho a la protección individual pero perfectamente equilibrado con la necesidad colectiva.
Las anormales circunstancias que afronta nuestra sociedad motivaron a emitir cierto tipo de leyes, entre las cuales la mencionada para la seguridad ciudadana creó alerta en la comunidad percibiendo que esta norma violentaría derechos ciudadanos por lo cual se han levantado voces de rechazo.
Un “maestro del derecho”, en una entrevista radial, analizó la lógica jurídica de este texto legal y concluyó que no fue construido con conocimientos de jurisprudencia, puesto que contradice principios fundamentales de la filosofía legal y en su forma literal tiene falencias conceptuales, razón por la que el ilustrado jurisconsulto señaló su esperanza de que los órganos superiores que deberán revisar o calificar la ley antes de su consagración la nieguen, por todos los errores de forma y fondo que contiene tal instrumento “legal”.
La paradoja es que la sociedad está desesperada frente al crimen organizado, que creció subterráneamente durante más de dos décadas y hoy tiene un inmenso poder para sembrar terror, entonces que le queda al Estado, buscar soluciones viables a través del sistema legal y aplicar “conocimiento”, para, a la vez que controlar mafias, mantener la privacidad ciudadana como derecho inviolable, sin permitir infiltraciones extrañas y peligrosas a la intimidad.
No se puede ni debe resolver problemas con leyes que quebrantan derechos civiles y como lo señalaba el distinguido maestro, es necesario más conocimiento para hacer una ley que ampare a la mayoría y aplique el castigo contra los delincuentes, pero evitando que el poder destruya derechos inviolables.
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