Esta es una cuestión recurrente. A su turno, varios gobiernos ejecutaron procesos buscando reducir la burocracia y, por tanto, hacer eficiente al Estado. En cada momento histórico, la oposición, los sindicatos y otros movimientos, encontraban ésta la mejor justificación para lanzar botafuegos, calentar las calles y boicotear la medida adoptada, lanzando las clásicas consignas que se estilan para este tipo de eventos supuestamente de reivindicación social.
En ciertos círculos de la sociedad, se ha dado como aceptable que el Estado sea el principal empleador; a lo largo del tiempo, la burocracia se ha llenado, con obvias excepciones, de partidarios, de agnados y cognados de algún “duro”, pagando compromisos políticos y favores de campaña. Y, por supuesto, los que no proceden de la carrera administrativa, se enquistaron en las distintas instituciones, sin el menor rubor, como si los dineros del público, que salen de nuestros impuestos, fueran bolsillo de los caudillos de turno.
La pregunta entonces es: ¿se justifican las medidas anunciadas de fusionar y reducir de 20 a 14 los ministerios, de 9 a 3 las secretarías y desprenderse de 5000 empleados ineficientes pipones e innecesarios? Comencemos recordando que el Ecuador tenía una sui generis secretaría, la del Buen Vivir, que en su momento se la eliminó por cursi, constituir un monumento a la vagancia y facilitar el dispendio de recursos. Y ahora, los creadores de ésta ridícula acción gubernamental, son los principales quejosos. El doble rasero y la desvergüenza han sido fuente de la pobre “oposición” de los perdedores.
Es obvio que, para asumir semejante medida, debe haber mediado estudios rigurosos que la justifiquen. ¿Para qué se crearon tantos ministerios y secretarías? ¿Será para atender en mejor forma los temas que demanda el interés general? No necesariamente. La eficiencia administrativa se construye a través de funcionarios honestos, preparados y comprometidos en todos los niveles, que sepan realizar seguimiento a las disposiciones y políticas que emanan del gobierno central. Pero no ha sido así y el tiempo ha dado la razón: solo ha servido para colocar más y más gente. Según el portal Primicias, el gasto en sueldos del sector público paso de 3.161 millones de dólares en el 2006 a 12.283 millones en dólares en 2024. Nótese que ésta escalofriante cifra se dio durante la llamada “década ganada”.
Hemos comentado que los mejores benefactores del país resultan ser los empresarios, los que arriesgan su capital, generando trabajo, y no el Estado, pues éste debe limitar su accionar en cumplir las atribuciones que le confiere la constitución y la ley. Según nos enseñaron, el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. Debe velar fundamentalmente por la seguridad, salud y educación ciudadana. El Estado debe dirigir su accionar en crear el ambiente propicio para ofrecer seguridad jurídica y, de esta manera, facilitar la inversión nacional y extranjera.
Lo fundamental será que los empleados y funcionarios cesados no sean luego llenados o reemplazados, pues la medida dejaría de ser efectiva. Lo importante es asignar responsabilidades a los distintos funcionarios para garantizar que los servicios sean eficientes, oportunos y diligentes. Los denominados gobiernos autónomos descentralizados (GADs) deberían hacer lo propio. Se requiere contar con un estado moderno, facilitador, eliminando la tramitología perversa que obstaculiza el afán de la gente para prosperar su negocio o emprendimiento. Los resultados de las fusiones y despidos los iremos viendo con el pasar del tiempo.