Se nos ha anunciado una nueva consulta popular para diciembre del año en curso: se trata de siete preguntas que tienen que ver con la estructura del estado y otras de naturaleza sensible. En efecto, éstas son: permitir bases militares extranjeras; eliminar recursos del estado para organizaciones políticas; eliminar el Consejo de Participación Ciudadanía y Control Social (CPCCS); reducir el número de asambleístas; permitir la contratación por horas para actividades turísticas; sujetar a los jueces de la Corte Constitucional (CC) a control político; y, apertura de casinos en hoteles de cinco estrellas y que tributen el 25% de sus ventas.
Hemos venido apoyando la conveniencia de que, aplicando la misma constitución del 2008, se proceda a dejarla sin efecto y poner en vigencia la de 1998, redactada por ecuatorianos, que establecía el Estado de Derecho y no la copia de la chavista que inventó el curioso estado de derechos, contrariando elementales principios aplicables al sistema democrático propio del republicanismo. Es evidente que las preguntas -de pasar por el control constitucional-, tienden a retomar los cauces del buen juicio, eliminando aquellas cuestiones que solamente han sido motivadas por ideologías caducas, generando barreras para brindar seguridad y lograr el desarrollo.
No contar con la base de Manta, restó capacidad a las fuerzas del orden para la vigilancia y control del crimen organizado transnacional; y, por supuesto, nada tenía que ver con precautelar la soberanía nacional. Eliminar esta prohibición es positivo. El sistema de partidos y movimientos políticos ha resultado ser un fiasco total. La asignación de recursos económicos para estas organizaciones solo ha permitido su multiplicación y, por supuesto, la aparición de gerentes-propietarios que, lejos de contribuir a mejorar la gobernabilidad, se han constituido en negociantes del poder. Los impuestos de los que se nutre el estado para asegurar los derechos a la vida, salud, seguridad y propiedad, no pueden ser distraídos. Apoyamos esta iniciativa.
El CPCCS es una aberración que destruye la clásica división de poderes. No puede ser que siete personas que lo conforman sean los que finalmente eligen a las máximas autoridades de control del país. Esta capacidad legal debe estar centrada de manera exclusiva y excluyente en la función legislativa que está conformada por representantes de la ciudadanía. La idea de éste consejo es acaparar y controlar el poder, con personeros de íntima confianza y afines en lo ideológico.
Un parlamento con 151 asambleístas no es sinónimo de eficiencia y representatividad. La mayoría de sus miembros elegidos no son propiamente lo mejor, intelectualmente hablando, y este es el tema de fondo. Se debe exigir a las organizaciones políticas que sometan a la consideración de la ciudadanía, a los mejores perfiles profesionales, honestos y preparados para asumir semejantes responsabilidades. Redactar leyes es una tarea muy compleja que requiere de personas de altísimo nivel. Rebajar su número es también importante desde el punto de vista económico ya que es muy dispendioso el costo de sostener un aparato nada eficiente.
Se insiste en la contratación por hora, ahora centrada en actividades turísticas. Sería bueno que prosperara esta iniciativa ya que abriría el camino para redactar un nuevo y moderno código del trabajo expedido en 1938. Se ha convertido en un limitante para generar trabajo. Nuestros vecinos tienen leyes laborales flexibles y no podemos quedar al margen de la competitividad. Aquí no se debe privilegiar contenidos ideológicos sino criterios pragmáticos, de lo contrario éste país será condenado a permanecer inerte, retrasado.
Someter a control político a la CC no parece ser una buena idea. Hay que profundizar el análisis, pues afectaría su independencia para dictar sus fallos en una materia tan sensible, y, dependiendo de la composición del legislativo, trastocaría el control constitucional tan necesario para la seguridad jurídica. Por fin, aquello de los casinos deberá merecer análisis pues ya fue eliminado en consulta anterior. Resulta penoso que no se haya aprovechado la coyuntura de disponer de un importante capital político para que se pueda enderezar al país, institucionalmente hablando, dotándole de una Constitución que le permita desarrollarse y proyectarse al futuro.
