La población se acostumbró a soportar de forma reiterada expresiones o manifestaciones, a manera de reivindicaciones, de un sector social importante pero minoritario del país, todas ellas con las consecuencias que sabemos, que se han expresado en destrucción, paralización y afectación a la mayoría de la sociedad que reclama tranquilidad y libertad para trabajar. Lo penoso de estos “levantamientos” o movilizaciones es que surgen del interés muy particular de ciertos dirigentes que se basan en la violencia como sustento para obtener sus objetivos.
La sociedad ecuatoriana resultó la más golpeada con los levantamientos ocurridos en los años 2019 y 2022, que se tradujeron en pérdidas millonarias para los sectores público y privado; y, lo más grave, devino en la impunidad de los falsos líderes sociales, mismos que se sienten con patente de corso para futuros eventos, como el que estamos pasando. La amnistía que dio la asamblea nacional fue una tamaña miopía e irresponsabilidad y no se entiende que en un Estado de Derecho se permita semejantes despropósitos.
Pero éste evento tiene una particularidad no antes vista: están infiltrados agitadores profesionales, extremistas y bandidos provenientes de otros países, expertos en generar caos y destrucción; responden a intereses de grupos políticos extremistas que cumplen consignas extrañas, desestabilizadoras y de odio. Cómo es posible que los supuestos manifestantes hayan emboscado el pasado 28 de septiembre un convoy humanitario que encabezó en Otavalo el mismísimo presidente Daniel Noboa, junto con delegados de la ONU, la Unión Europea, embajador de Italia, Nuncio Apostólico, entre otros. Esto es terrorismo puro y duro.
Este país, al que queremos y respetamos, está en permanente zozobra; no se entiende que un grupúsculo de desadaptados y criminales manipulen al sector indígena, cuyos máximos dirigentes están coludidos con ésta despreciable gentuza que desvirtúa los propósitos de los reclamos que muchos de ellos demandan, pero que les amenazan con multas económicas, corte de agua, entre otras medidas injustas, si no salen a expresar las consignas de los supuestos líderes y agitadores.
Además, este sector es una minoría si nos atenemos a que en las últimas elecciones obtuvieron, con Iza a la cabeza, solamente un 5% del electorado. No son demócratas. No blandean la bandera del Ecuador en sus levantamientos. Más del 70% de los ecuatorianos repudian la violencia y están en contra de este paro. Un importante porcentaje respaldan al presidente de la república y por supuesto al gobierno legítimamente constituido, elegido para un mandato de cuatro años.
Si respetaran la democracia, deberían prepararse, formular propuestas, ganar elecciones y no convertirse en simples elementos que buscan el caos. Esta gente es pendenciera que nos le interesa el país y su desarrollo, imbuida como está por intereses obscuros, defendiendo negocios penados por la ley. Los perdedores en las elecciones también están detrás -y muy activos-, de aquellos que quieren que el país fracase, con el único fin de hacer creer que están defendiendo al pueblo: tarea de irresponsables, demagogos y populistas, defensores del socialismo del siglo XXI fracasado. Es imperioso que, en esta oportunidad, la fiscalía y la justicia no se hagan de la vista gorda y se sancione a los delincuentes que provocaron tanta destrucción. El precio del diésel solo es un pretexto; el objetivo es crear un ambiente propicio para que los grupos criminales sigan en sus andanzas. No lo debemos permitir.