Esta palabra abarca muchas cosas. Su significado se remonta a los albores de la conquista española, donde el Rey de España debía imponer su imagen de monarca en los territorios conquistados con la consigna de recaudar los impuestos para su Majestad y someter a la población, buscando desterrar las estructuras de poder vigentes antes de su llegada, tanto en lo social como en lo espiritual. Para el efecto, existían virrey, gobernadores, alcaldes mayores, audiencias y cabildos. Los designados provenían de una rancia clase social española, marcando una clara diferencia con los mestizos y no se diga con los indígenas, quienes no tenían derechos.
De a poco, en los 200 años de República, se ha ido atenuando dicha rígida estructura, permitiendo que accedan a este espacio de poder uno que otro criollo que se gane la confianza del gobernante de turno o su “Nostradamus” de confianza, ahora denominado ministro de Gobierno. Esta función arrastra un halo de superioridad que alimenta el ego del ungido, lo cual ha llevado a los aspirantes a lograr el favor popular para ciertas dignidades, a buscar de cualquier manera ser elegidos para ocupar, aunque sea por pocos días, el sillón maltrecho de la gobernación. Es así como han llegado a ocuparlo algunos desubicados que no entendieron cual era su papel y despecharon a los parroquianos.
De acuerdo con la Constitución de Montecristi, ahora estamos divididos política y administrativamente en cuatro niveles autónomos de gobierno, con claras (no siempre) competencias asignadas con el supuesto objeto de que se concentren en campos concretos y logren mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. Esa lírica estructura no pasa de ser una manera disimulada para el gobierno central, de librarse de las obligaciones imposibles de cumplir. Los municipios tienen la competencia exclusiva de dotar de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, gestión de desechos sólidos, aseo de calles y parques, principalmente. Los gobiernos provinciales tienen cuatro competencias exclusivas: riego, vialidad, fomento productivo y gestión ambiental. Los gobiernos parroquiales son brazos ejecutores de pequeñas obritas para contentar a los vecinos del lugar.
En estos tres casos, los recursos asignados con irrisorios. Las obras encargadas a ellos no podrán jamás ser financiadas ni en 50 años al ritmo del presupuesto que reciben, que se reduce a nada por la burocracia que financian. Pero el gobierno central se libra de dar la cara a la población que clama por atención en estos campos críticos y pude concentrarse en aquellos campos que le convienen, políticamente, como educación, salud, seguridad, relaciones exteriores, etc. Frente a lo cual, no existe esfuerzo alguno por los gobiernos inferiores de cambiar estas estructuras, con las cuales jamás van a poder alcanzar los niveles de satisfacción de la población.
Con estos antecedentes, el rol de gobernador, en representación teórica del presidente de la República, debe tener visión sobre el futuro de la provincia en su conjunto, para buscar en una suerte de mancomunidad, las soluciones que en conjunto se proyecten, junto a los diferentes niveles de gobierno. Suena utópico, pero será una realidad en la medida que las cabezas de los niveles de gobierno se sintonicen con sus pares para complementar esfuerzos, capacidad técnica, presupuestos y recursos humanos. Esto es precisamente lo que ha logrado el joven gobernador Nelson Sánchez, anteponiendo los intereses de la provincia a los celos políticos que rondan en los pasillos de las gobernaciones. Con honestidad, de manera transparente y eficaz, ha recorrido toda la geografía cotopaxense dando solución a pequeños y grandes problemas, arrimando el hombro con Prefecta, alcaldes y comunidades. Mucho tiempo hemos esperado este estilo de gobernador.
¡ADELANTE NELSON!