Ecuador trata de sobrevivir en medio de un mar de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y muchas otras formas que nuestras autoridades han encontrado para dictaminar las obligaciones que tenemos los ciudadanos, desde el primer día que ostentamos esta, que se considera la más alta jerarquía en una democracia, para lo que pueda valer. Todos los estados del mundo deben construir una estructura legal a su medida, y depurarla con el paso del tiempo. Algunos lo hacen de manera simplificada, como la Constitución de los Unidos de América que apenas tiene una versión que data de 1787, sobre la cual se han hecho “27 enmiendas” que no alteran la esencia de la declaración original. Mientras que nosotros vamos buscando romper el récord mundial, con la vigésima versión que consta de nada menos que 444 artículos. Su característica es la creación de todo tipo de derechos que, si fuese posible cumplirlos, nos convertiría en el país con el más alto standard de vida del planeta.
Lamentablemente, el papel aguanta todo. Al calor de los discursos de barricada llevados a Montecristi en 2008, se plasmaron en el papel todas las aspiraciones que idealmente tenían sus habitantes, a pesar de no tener una economía sólida con ingresos suficientes que permitan atender las ilimitadas demandas de infraestructura y servicios de una población creciente. Pero los demagogos cerraron la jornada constitucionalista con aplausos y además convencieron a los votantes que la ratifiquen y por ende constituyan en derechos adquiridos todas sus declaraciones, sin que puedan ser posteriormente disminuidos ni anulados. No es permitida la regresión de derechos. Flaco favor que nos hicieron. Ahora, cualquier ciudadano puede demandar la vulneración de cualquiera de los derechos establecidos en la Carta Magna ante un juez constitucional, que se limitará a disponer a la autoridad competente que cumpla la demanda en escasos días, sin miramiento a la inexistencia de los recursos que tales derechos demandan.
Esto parecería hipotético o falso. Pero basta observar los casos, hasta ahora escasos, en que esto ha tenido lugar. Ejemplo la “bonificación” creada con todo desparpajo “sin financiamiento” para motivar la jubilación de alrededor de 10.000 maestros. Ejecutada la separación, quedó la cuentita a ser pagada por el gobierno entrante, que fue llevado ante un juez constitucional, para exigir el pago en días. Nadie ha propuesto una fuente de ingresos específica para financiar esta obligación que además se extendió hacia jubilados antes y después. Lo propio ocurre en el área de la salud, educación, seguridad. Con el paso del tiempo esta carta abierta para demandar derechos llevará a una situación de crisis económica de imposible solución.
Y la producción de leyes en forma masiva, continua. La clase política vive con la idea errada que todos los problemas del país se resuelven con discursos plasmados en artículos de leyes que abultan las bibliotecas, pero no resuelven los problemas reales que viven los ciudadanos. Peor aún, casi todas las leyes disponen acciones que demandan recursos económicos que no existen. Luego, pasan estas leyes al ejecutivo que, para proteger su escuálida caja fiscal, retarda y/o modifica el espíritu de la ley por medio del reglamento. Existen cientos de leyes aprobadas por la Asamblea que no disponen del reglamento y por ende son inaplicables. Posteriormente, las autoridades inferiores se dan modos de acomodar a sus intereses la aplicación de las leyes, siendo ilegal hacerlo, por medio de acuerdos y hasta resoluciones de aplicación, como en materia tributaria. Irrespetan la estructura jurídica que dispone la Constitución, garantizados por la presunción de legitimidad, mientras no exista criterio en contrario por parte de autoridad competente, que casi nunca ocurre.
¡LEGISLEN CON RACIONALIDAD