Sin duda alguna los ecuatorianos estamos conscientes, desde hace varias lunas, de la necesidad de generar empleo de calidad atrayendo inversión privada, pues la economía no es sostenible con apenas una tercera parte de la población en edad de trabajar, que genera en el orden de 16.000 millones de dólares de impuestos anualmente, para financiar un presupuesto de 36.000 millones. Un tercio de estos ingresos se destina a pagar gastos corrientes y una cuarta parte para el servicio de la deuda. Mientras que, por el lado de la demanda de recursos, la lista crece día a día sin visos de solución. Gracias a una clase política generosa, la solución ha sido estampar en la Constitución o la ley el “derecho” de los ciudadanos, sin crear fuentes de ingreso para hacerlas realidad, a pesar de estar prohibido proceder de esta manera demagógica.
Los inversionistas buscan las mejores opciones de inversión en el mundo y elegirán aquellos países que les garanticen condiciones atractivas, seguridad jurídica y competitividad para su actividad. Varios países de nuestra región llevan años en adecuar sus reglas de juego a las demandas de los capitales foráneos y han crecido con ese impulso. Colombia y Perú son los más cercanos ejemplos de éxito. El Ecuador tiene condiciones aún más atractivas que estos vecinos, pero no moderniza su entorno caduco y hostil para la inversión extranjera. Ni siquiera ha determinado con claridad las áreas destinadas para la inversión privada. Bien podría despejar las áreas de generación de energía, telecomunicaciones, minería metálica y no metálica, infraestructura de turismo, carreteras, puertos y aeropuertos, agricultura, ganadería, entre otras, estableciendo condiciones competitivas y sostenibles en el mediano y largo plazo.
El complemento de estos sectores abiertos a la inversión debe ser el marco jurídico que incluya la legislación laboral actualizada al siglo XXI, una política tributaria estable, clara, equitativa, predecible y libre del abuso de autoridad, normas sanitarias simplificadas pero efectivas, acompañamiento a la actividad formal, simplificación de trámites burocráticos, etc. que estimulen una alta competitividad y productividad. Ni siquiera serían necesarios incentivos tributarios si existiesen reglas del juego claras y justas. Debemos recuperar el tratado de protección de inversiones que fuera derogado por celos ideológicos. La administración tributaria y de justicia debe modernizarse para desterrar la arbitrariedad y falta de imparcialidad que tanto daño ha causado a actividades económicas que terminaron por abandonar el país.
Las recientes leyes urgentes presentadas por el presidente Noboa, se orientan en dirección a elevar la eficiencia de la gestión pública. Es hora de optimizar los escasos recursos económicos. Paralelamente deben racionalizarse los egresos, eliminando los despilfarros, cargas insostenibles como la burocracia heredada de la clase política y resolver los grandes centros de controversia como el IESS, víctima de la demagogia y abuso de autoridad que ha generado una distorsión de los valiosos servicios que brinda, provocando un insostenible desbalance entre los servicios que brinda a 8 millones de beneficiarios mientras los aportantes no superan los 3.5 millones.
Ecuador tiene una maravillosa oportunidad de reorganizar sus potencialidades y adecuar las condiciones para poner en funcionamiento la maquinaria productiva con el valioso capital humano y natural que tiene. Todo depende de la voluntad política del jefe de gobierno, los legisladores y el respaldo de los sectores productivos, empresarios y trabajadores. Noboa ha dado muestras de caminar en esa dirección. Nos corresponde apoyar la iniciativa y despejar el camino para salir del estancamiento y dependencia del petróleo. Basta de teorizar con ideologías caducas que nos han dividido y hecho tanto daño.
¡AHORA O NUNCA!
