La Constitución de Montecristi aprobada por el pueblo ecuatoriano en 2008 establece “El derecho al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” Mientras que el COOTAD determina como “competencia exclusiva” de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial con depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos mediante rellenos sanitarios, otras actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.” Tanto el agua para consumo humano (potable) como para riego, deben cumplir estándares de calidad.
La prestación del servicio de agua potable habilita al municipio o Empresa Púbica que brinda el servicio básico, a cobrar una tasa que necesariamente guarde relación con el COSTO de la prestación, demostrado contablemente. Bien puede el Concejo Municipal subsidiar en parte esta tasa, más no puede cobrar un valor superior. Además, estas tasas deben ser diferenciadas a manera de subsidio solidario cruzado, entre los sectores de mayores y menores ingresos. Penosamente, esta es letra muerta, pues es conocido por todos que ni siquiera se ha determinado el costo del servicio básico (agua potable, gestión de desechos sólidos, alcantarillado) y mucho peor se ha aplicado la política redistributiva obligatoria. Consecuentemente, los municipios lucran del servicio, contradiciendo ley expresa.
En conclusión, el derecho al agua de consumo de calidad debe ser atendido por el municipio de la localidad. Estos, en la mayoría del territorio, se ha liberado de esta compleja obligación cediendo la competencia en favor de juntas de agua potable conformadas por ciudadanos que voluntariamente asumen la responsabilidad, para cumplirla con las limitaciones técnicas, económicas y organizacionales que tienen. La realidad es que, pese a los esfuerzos de la comunidad beneficiada, no se han logrado alcanzar los niveles que todos aspiramos en defensa de nuestra salud. Debemos tener claro que en la estructura político-administrativa actual somos los propios ciudadanos que recibimos estos servicios, quienes debemos asumir el costo de la infraestructura, operación, mantenimiento, etc. El gobierno nacional apenas se compromete a poner a disposición líneas de financiamiento que están a su vez respaldadas por líneas de crédito de entidades multinacionales como el BID, CAF, BM.
Cabe entonces preguntarnos si tenemos posibilidades reales de que nuestros gobiernos municipales alcancen los niveles de servicios básicos que legítimamente aspiramos desde que los “padres de la Patria” tuvieron la generosidad de poner en el papel la garantía de estos derechos, sin prever la forma de hacerlos realidad. Auténtico discurso demagógico que gana votos y crea esperanzas falsas en los ciudadanos, dejándonos a la deriva. Así vendrán otras o las mismas autoridades, que ofrecerán dotar de todos los servicios a sabiendas o no, de que eso no será posible en las condiciones actuales.
Debemos aterrizar en la realidad, entender que no debemos esperar servicios gratuitos de calidad. Que la sociedad debe establecer sus prioridades, que siempre distan mucho de los discursos acalorados, populistas y engañosos de quienes buscan desesperadamente alcanzar los votos suficientes para convertirse en nuestros salvadores. En este tiempo de elecciones, los ciudadanos debemos ejercer nuestros derechos de mandantes, como establece la Constitución y elaborar un “mandato” que contenga los grandes objetivos para nuestro cantón y provincia. Todos los candidatos deberíamos responder a este llamado y formalizar el compromiso de ejecutar la voluntad popular. Acceder a agua de calidad para consumo humano, sería elevar la calidad de vida de todos, empezando por niños y personas vulnerables. No permitamos que se politice este tema vital. Por el bienestar de todos, debemos tomar acciones concretas para enfrentar la realidad y dar soluciones.
¡EL AGUA ES UN DERECHO!