La Constitución de Montecristi establece que Ecuador es un Estado constitucional de “derechos y justicia”. Describe un país maravilloso, que “garantiza” a sus ciudadanos e incluso a quienes no lo son, todo lo que añoran los filósofos, cuando quieren describir el “sumak kausay” es decir la felicidad plena. De tratarse de un “plan maestro” de lo que soñamos algún día, estaríamos en la ruta correcta. Sinembargo, el texto impone que estos Derechos se convierten en obligaciones para el Estado (que somos todos), sin crear las fuentes de financiamiento que perduren el mismo tiempo que dichas erogaciones. Se convierten entonces, en pura demagogia y encienden un frente sin retorno, de conflicto entre gobernantes y gobernados, mientras no se cumplan las utópicas promesas.
Los Estados están para cumplir, prioritariamente, las necesidades básicas en salud, educación, alimentación, seguridad, etc. Para lo cual, la sociedad se organiza bajo un determinado modelo político, económico y social que será sostenible en base a “tributos” de distinta índole que recaen sobre sus ciudadanos. Por lógica elemental, la capacidad económica del Estado estará limitada a la capacidad de tributación de su pueblo (que abarca todos los habitantes sin distinción) que a su vez tributa en función de sus ingresos. Debe quedar claro que “la factura de todos los servicios del sector público llega tarde o temprano al contribuyente”. Inclusive el endeudamiento que obtiene el Gobierno central o seccional, será pagado por sus contribuyentes. De otra manera, no serían sostenibles estos servicios públicos.
Lamentablemente, a la hora de redactar esta Constitución, seguramente inspirados por la brisa montubia, los legisladores plasmaron en Derechos toda clase de necesidades imaginables. Mientras que al tiempo de concebir las fuentes de financiamiento, carecían de imaginación ni entendimiento para entender la evolución en el tiempo, del costo de atención de sus generosas imposiciones, dejando el problema para los que vengan después. Tan pronto se publicó la Carta aprobada en referéndum, se convirtió en obligatoria y los Derechos adquiridos se volvieron irreversibles.
Para el sector de la salud, el problema es que la población crece, demanda más servicios de medicina preventiva y correctiva; los medicamentos, equipos, laboratorios, etc. suben de precio a nivel mundial descontroladamente. El presupuesto que requiere este sector, apenas bordea la mitad de lo que se estima apropiado. Los servicios de salud que brinda el IESS a sus afiliados y jubilados ya no debería existir, porque la paternalista de Montecristi establece que el Estado garantizará el cuidado de la salud. Toda la infraestructura debería pasar al Gobierno Central y los aportes que pagan los empleadores por el seguro de salud deberían destinarse a fortalecer los fondos de pensiones que, para variar, no son sostenibles.
El problema es que la generosidad en los Derechos debe equipararse con similar generación en ingresos. Mientras eso no ocurra, las obligaciones del sector público deberían limitarse a la disponibilidad de recursos. Lo contrario, que es lo que estamos viviendo, lleva a conflictos entre quienes demandan el cumplimiento de las promesas impresas en papel y las autoridades de turno que no pueden resolver el fondo del problema y se limitan a poner parches.
En este breve resumen resta la esencia de la inviabilidad de los Estados. La clase política se beneficia al ofrecer demagógicamente lo que no es posible cumplir por falta de ingresos, que deben originarse en el crecimiento económico sostenible de toda la economía. Pero les da pereza pensar a mediano plazo. Prefieren construir castillos de arena y sostenerlos hasta terminar su período. Y así volvemos al mismo círculo vicioso en cada administración central o seccional. Este problema es una bomba de tiempo.
¡CUIDADO EXPLOT4!