En medio de la eterna “crisis económica”, recibimos una alentadora noticia del presidente Noboa. El Alcalde Fabricio Tinajero fue notificado con un aumento de las rentas que distribuye el gobierno central a los GADs, por incremento de los ingresos del Estado, principalmente impuesto e incremento en el precio del petróleo, descontando los costos elevados en importación de productos derivados. La asignación adicional es $3.2 millones. En total, este municipio recibiría $25 millones en 2026, comparado con $15 millones en 2025.
Paralelamente, se ha aprobado una reforma al COOTAD para conminar a los GADs a invertir al menos 70% de sus rentas, reduciendo el gasto corriente hasta 30%. La razón de esta mano dura sobre los ingresos de gobiernos seccionales es, sin duda alguna, que se venía despilfarrando en burocracia y “obras clientelares” con intenciones politiqueras, mientras que la inversión propiamente dicha se reducía a una pequeña parte del presupuesto. Es entendible el enojo de las autoridades que deben hacer cambios drásticos para ajustarse y aprender el verdadero rol de sus niveles de gobierno. Ahora debemos mantener los ojos sobre los contratos de obras que estarán expuestos a manejos dudosos.
Es urgente que los ciudadanos tomemos posición en este esquema de descentralización y autonomía que vive nuestro país desde 2008 y seamos quienes reivindiquemos la facultad de establecer las “prioridades de inversión” para que sean ejecutadas por el ejecutivo (alcalde o prefecto provincial). A estas autoridades les corresponde “proponer” los proyectos de inversión, justificando su necesidad, valorando sus beneficios, inversión, financiamiento, tiempo de ejecución y finalmente el costo que le significará a cada predio por contribución por mejoras. Solamente con su aprobación, deben contratarse los estudios definitivos, gestionar el financiamiento y proceder a licitar la obra.
Teniendo en cuenta estas premisas constitucionales (art. 95) y legales (COOTAD, Ley de Participación ciudadana) la manera de resolver el “gran enigma” que se ha planteado al recibir dicho aumento de las rentas, a falta de proyectos previamente aprobados por la ciudadanía en esta administración municipal, que demuestra la inexistencia de una ciudad planificada, es dar atención a proyectos inconclusos en marcha, que ahora son de seguimiento obligatorio.
Las falencias más grandes locales son la dotación de agua potable y saneamiento ambiental, particularmente alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Llevamos 20 años impulsando el plan maestro de alcantarillado, fruto de una consultoría que en buena hora dejó el alcalde Rafael Maya. De un presupuesto inicial de $75 millones, Latacunga recibió en 2014 una “compensación” de $30 millones del gobierno del SS XXI para silenciarnos sobre la cárcel que nos impuso. La mitad fue no reembolsable (donación) y el saldo en crédito del BEDE.
El alcalde Sánchez adjudicó antes de abandonar el cargo, a empresas fantasmas, un contrato para colectores y conducción de aguas negras hasta la planta de tratamiento y otro para la construcción de la planta. Los contratos le correspondieron firmar a Byron Cárdenas, una vez eliminada una de ellas por la Procuraduría General del Estado. La empresa a cargo de la planta, que reemplazó a la eliminada, cumplió su compromiso. La planta está lista para operar, cuando lleguen las aguas a ser tratadas. Pero el desastre fue la empresa adjudicada para colectores. Esta administración terminó unilateralmente el contrato. Con ello, perdimos $12 millones de los $15 donados por la Agencia Francesa y no existe financiamiento para compensar esta pérdida.
No cabe mayor análisis para establecer que la PRIMERA PRIORIDAD de Latacunga debe ser la descontaminación de las aguas que arroja la ciudad al río Cutuchi. Estos $3.2 millones calzan perfectamente para resolver parte del déficit y poner en marcha la planta.
¡NO POLITICEN EL TEMA!