El Ecuador de los actuales momentos requiere un baño de verdad sobre el pasado, presente y futuro del actual Sistema Nacional de Seguridad Social, conformado por el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC); y, las entidades de salud prepagada. En este sábado me referiré únicamente a los hechos que preocupan a millones de ecuatorianos y que están relacionados con el pasado, presente y futuro del IESS.
La Constitución de la República dispone que sea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el encargado de administrar los seguros sociales que son parte del paquete prestacional, esto es, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez. Muerte, discapacidad, riesgos del trabajo y enfermedades profesionales. Nuestra opinión parte del hecho de que los gobiernos de turno han incumplido permanentemente con las disposiciones constitucionales y legales que determinan la obligación del Estado de pagar puntualmente los valores económicos correspondientes a la seguridad social; estos dineros deben constar cada año en el Presupuesto General del Estado, caso contrario “no podrá aprobarse” dicho presupuesto. Entonces, la Función Legislativa, también ha venido incumpliendo con este mandato; pero, a estos incumplimientos, se suman aquellos que tienen los organismos de control como la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos, cuyo control y vigilancia le cuesta millones de dólares cada año al IESS. La enorme deuda del Estado al IESS ha venido creciendo en los últimos gobiernos y los controles políticos (Parlamento Nacional); los constitucionales (Contraloría General del Estado); y, los legales (Superintendencia de Bancos, no han funcionado, incumplen con sus obligaciones.
Que institución privada podría funcionar, entregar prestaciones y servicios con una descomunal deuda cercana al monto de un presupuesto general del Estado; sin embargo, el IESS lo ha hecho, viene pagando puntualmente pensiones a los jubilados, a las viudas, a los huérfanos. Este pago de pensiones a los jubilados se lo realiza con dineros de otros rubros prestacionales, cubriendo la falta de pago oportuno del 0.40% de la contribución que hace el Estado –por mandato de la ley- a cada pensión jubilar. A su vez, el Fondo de Pensiones, sus reservas son administradas por el Banco del IESS, que debe efectuar las respectivas inversiones; las mismas que deben efectuarse buscando siempre, seguridad, solvencia, eficacia y rentabilidad (Ref. Art. 372 CR). Indicamos la lista del paquete de seguros sociales que ofrece el IESS y dejamos para este momento el señalar que los préstamos hipotecarios, quirografarios y los servicios de los denominados Montes de Piedad, no son prestaciones obligatorias del IESS, constituyen inversiones que deben hacerse con seguridad, solvencia, eficacia y rentabilidad; el otorgar préstamos para vivienda por muy debajo de la tasa de interés fijada por el Banco Central, incumple con la seguridad y rentabilidad que deben tener las inversiones de los dineros de los afiliados y jubilados. No se debe “invertir” los dineros del Fondo de Pensiones poniéndolo en constante riesgo; pues hay que dejar en claro que, los fondos y las reservas del IESS son propias de la seguridad social y totalmente distintas de las del Estado (fisco) y deben servir únicamente para los fines establecidos en la constitución y la ley en materia de seguridad social.
Cuando se toman dineros de la seguridad social, la advertencia constitucional es muy precisa, señala que: “Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y sus reservas, ni menoscabar su patrimonio” (Ref. Art372 CR). Los excesos de los gobiernos de turno con los dineros del IESS, están llevando a esta noble institución a un verdadero colapso –inimaginable- . Estamos a tiempo paguemos la deuda al IESS, firmemos el respectivo Convenio de Pago – cumplámoslo- y luego busquemos un nuevo marco jurídico que fortalezca al sistema, suprimamos prestaciones y servicios no sustentadas en estudios actuariales, matemáticos, económicos y financieros.