Nos aproximamos a la línea de partida de la competencia para elegir autoridades, entre las cuales constan concejales municipales para 221 municipios en el país, sumando 1.366 y un número igual de alternos. Cada movimiento o partido que participa en un cantón debe presentar una lista completa de candidatos y alternos igual al número total de concejales urbanos y rurales que componen ese municipio. Por lo cual, este número se multiplicará por más de 10 veces a nivel del país. Los candidatos deberán además cumplir con la paridad de género, alternando hombres y mujeres en titulares y alternos. Finalmente, al menos 25% de los candidatos deberán tener una edad inferior a 30 años. Todas estas son manipulaciones de la quinta función del Estado, creada en la Constitución de Montecristi aprobada en 2008.
Este panorama sombrío, no ofrece ninguna garantía de alcanzar los anhelos de los votantes. No se trata de ejercer la profesión de adivino, sino poner atención a lo que viene. Varios cantones han elevado el número de concejales en función de la población. Latacunga tendrá once ediles en lugar de 9. Este cambio elevará en $100.000 las remuneraciones anuales de aproximadamente $500.000 sin esperar una contraprestación de servicios. No vamos a esperar más ordenanzas aprobadas ni más procesos de fiscalización formales. La aprobación de ordenanzas es crónicamente pobre. La fiscalización formal que genere acciones concretas es nula.
Todos tenemos claro que la “única” labor remunerada de los ediles municipales es legislar y fiscalizar. Lo primero se limita a leyes de aplicación en el territorio cantonal, sometidas a la Constitución y leyes nacionales. No pueden legislar sobre impuestos, que es materia exclusiva de la Asamblea Nacional. Algo absurdo que parece no incomodar a ningún municipio, es que las ordenanzas deben actualizarse en cada cantón o crearse para tender necesidades que son las mismas en todos los cantones del país, aunque se puedan establecer diferencias de forma en casos puntuales. Entonces, el trabajo legislativo es abultado, aunque no se cumpla. Cada municipio deberá tener la capacidad de legislar, para lo cual debería contar con concejales abogados, asesores jurídicos y personal de apoyo, que no existe. Por muy votados que sean los elegidos, no están preparados para cumplir con estas responsabilidades.
Aunque todos juran deponer las actitudes partidistas al asumir el cargo, se agudizan las diferencias, terminando el concejo polarizado entre los que están arrimados al alcalde y los opositores. Basta un voto en favor de uno de los grupos, para definir si la gestión favorecerá al burgomaestre o la bloqueará. Con lo cual, los concejales de oposición quedan atados de manos, limitándose a culpar a la mayoría por su inacción.
En cuanto a la fiscalización, el cuadro es similar. Juegan al gato y el ratón entre el ejecutivo y sus fiscalizadores. Se ponen toda clase de trabas de parte de la administración para demorar, modificar, disimular o desviar la información requerida. Las conclusiones de los ediles son, generalmente, de tinte político y su mayor esfuerzo es difundir lo poco que llegan a conocer en todas direcciones para ganar méritos electorales. En el mejor de los casos “dicen” haber comunicado a la Contraloría General del Estado sus hallazgos, dejando en sus manos llevar adelante el proceso para que puedan sancionar las faltas. Lavado de manos elegante pero ineficaz.
Así pasan los días, meses y años. Las oficinas destinadas para que legislen y fiscalicen, permanecen la mayor parte del tiempo vacías a cuenta de que supuestamente se encuentran en “territorio” aunque no sabemos cual y de quien. No se someten a control de asistencia y reciben el sueldo con beneficios intactos.
¡QUE BUROCRACIA!