La razón de existir de los cuatro niveles de gobierno, reformados en la Constitución de Montecristi bajo el concepto de autonomía y descentralización, modelo mal copiado de países europeos que lo han vivido por décadas, es servir a sus habitantes, dotando de los servicios y bienes que requieren para alcanzar el nivel de vida que legítimamente aspiran. Los enunciados constitucionales son inmejorables. Quienes impregnaron tales maravillas en el papel, no pasaron de soñar en algo que dudosamente se pueda alcanzar. Seguramente su intención fue de congraciarse con el electorado bajo la perversa premisa de “yo te ofrezco,… busca quien te de” y desde entonces, los ingenuos ciudadanos beneficiarios de esas promesas de galán, deambulamos por el país en busca de que se atiendan nuestros “derechos”.
Una de tantas promesas incumplidas, es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) que debe ser “revisado” al inicio de cada administración y cubre un período de 12 años, es decir tres administraciones. Las metas allí establecidas, deben ser medibles en tiempo, inversión y cobertura. La eficiencia y optimización de la gestión es premiada, mientras que la ineficiencia es sancionada con recorte de la participación en el presupuesto general del Estado. No se podrá aprobar un presupuesto de GAD que no sea participativo, es decir que no haya sido construido con la participación “protagónica” de la ciudadanía en la priorización de las inversiones. La audacia de los GADs municipales ha burlado esta disposición dejando a las juntas parroquiales unas migajas, como en Latacunga, que bordea el 10% del presupuesto anual para que sus dirigentes decidan libremente su destino. Mientras que el 90% restante se distribuye a criterio del alcalde, con aprobación del Concejo.
Desde otra óptica, observamos que la “ejecución presupuestaria” que no es más que medir la gestión municipal comparando lo presupuestado versus lo realmente ejecutado (contratado, ejecutado y pagado). ¡Oh sorpresa! En los 3 primeros años de gestión, las contrataciones caminan lento y alcanzan menos del 50% en todo el año. Coincidentemente, el cuarto año de gestión, en todos los GADs del país, las obras empiezan a caminar milagrosamente rápido. Parece que todos, autoridades, fiscalizadores, contratistas, financistas y la cadena burocrática que detiene o acelera lo que conviene, se hubieran puesto de acuerdo en ejecutar lo que ha esperado por meses.
Detrás de estas “coincidencias” está un frío cálculo político. Es mejor demostrar obras cuando se acercan las elecciones, para lograr los votitos ansiados que le permitan lograr reelección al “brillante ejecutivo” que pasó en brazos de Morfeo en los primero años de gestión y despertó para impresionar al electorado en apenas un año. No existe norma alguna que impida esta pobre manera de gestionar los recursos públicos.
Tampoco se cumplen las disposiciones constitucionales y COOTAD sobre las prioridades de inversión que deben ser establecidas por los ciudadanos, como mandantes de las autoridades, que son mandatarios. Abusivamente, las prioridades de inversión las establece casi autónomamente el alcalde, salvo que tuviere mayoría de oposición. Y la gran mayoría de obras de relevancia son de orden clientelar, ejecutables dentro de su periodo de administración y dirigidas a conglomerados de votantes afines al burgomaestre o su agrupación política.
Para agravar las cosas, la premura en concluir las obritas, lleva a cometer errores que entorpecen la gestión, provocan tropiezos que en ocasiones perjudican la obra, causan molestias a los beneficiaros, crean incertidumbre, desobligo, malestar y perjudican la calidad de las obras. Es decir, es un perder – perder para todos. Este círculo vicioso se repite en todas las administraciones, inclusive las nacionales. Basta mirar alrededor para verificar las obras de último año que aparecen por doquier.
¡NO NOS ENGAÑEMOS!