A mediados del siglo anterior en Francia se comenzó a utilizar el término “tercera edad” para identificar a las personas que habían llegado a la edad de 60 años o más, se señalaba que eran ciudadanos hombres y mujeres que de conformidad a leyes sociales se acogían a la jubilación y otras que llegando a esa edad constituían ciudadanos de baja productividad, por ende de bajo consumo y sin actividad laboral; en la actualidad el concepto de tercera edad ha sido plasmado en las leyes supremas de los Estados y en las legislaciones de seguridad social. Para el caso ecuatoriano tenemos norma constitucional, una ley que determina que la tercera edad inicia a los 65 años; y, para fines del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una ley que determina que un afiliado a los 60 años puede jubilarse, siempre y cuando cumpla con un periodo de afiliación al IESS de por lo menos 360 imposiciones (meses) o más.
La Seguridad Social constituye la mejor herramienta de política pública para mejorar las condiciones de vida, social y económica de las personas en un Estado moderno; lastimosamente en nuestro país, la seguridad social administrada por el IESS, vive un futuro incierto por muchas razones; tenemos una institución desgraciadamente politizada, los grupos que acceden al poder político del Estado -sean partidos o movimientos políticos-; utilizan el tema de la seguridad social, de acuerdo al interés del momento que vive el país; se hacen ofrecimientos de pago de la millonaria deuda del Estado al IESS, permanentemente se conforman comisiones para el estudio, análisis y búsqueda de soluciones al grave problema de la seguridad social administrada por el IESS. EL Poder Legislativo tiene una “Comisión Permanente encargada de los derechos de los trabajadores y de la seguridad social”; sin embargo, ni las comisiones creadas por los gobiernos de turno, ni la permanente del Parlamento Nacional, han sido capaces de cumplir el mandato constitucional y legal de pagar la abultada deuda estatal con la seguridad social y de cumplir con los constantes ofrecimientos de campaña.
El gobierno nacional, los organismos de control del IESS, el Parlamento Nacional, incumplen persistentemente el mandato de la Constitución de la Republica, que establece la obligatoriedad de pagar la abultada deuda que mantiene -el Estado con el IESS- los jubilados y afiliados vienen permanentemente reclamando el cumplimiento de esta disposición constitucional. Los jubilados se sienten defraudados, suman a la fecha más de 700 mil afiliados pasivos (jubilados) que laboraron para el país como empleados y trabajadores en el sector público y privado entre 30 y 40 años o más. Se trata de 700 mil familias que dependen -para subsistir- sus últimos años de vida con la pensión que reciben cada mes del IESS.
Los jubilados del IESS y quienes estamos en la tercera edad y algunos que no llegamos a la cuarta edad (80 años). Los ecuatorianos –todos-, estamos conscientes de los cambios que requiere el Sistema Nacional de Seguridad Social del cual es parte el IESS; estamos ciertos de la necesidad de revisar varias prestaciones y algunos servicios que presta el IESS, muchos sin el debido financiamiento. Estamos firmes en nuestra convicción de que ninguna nueva estructura legal-administrativa- económica-financiera y actuarial podrá tener éxito para re- enrumbar al IESS, si anticipadamente el Estado -gobierno de turno- no reconoce y paga la deuda que mantienen con el IESS. Es hora de que se trate este tema con la mayor seriedad y técnicamente, cumpliendo el mandato constitucional y legal.
Los afiliados activos y pasivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, demandamos desde hace mucho tiempo la actualización de estudios técnicos matemáticos-actuariales, económicos-financieros y de su estructura orgánica-administrativa, no solo del Seguro de Pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM), del Seguro de Salud Individual y Familiar, sino en general de todos los seguros que conforman el paquete prestacional que ofrece el IESS a su afiliados activos y pasivos; de igual manera que demandamos la sumisión a la autonomía institucional y el respeto a sus dineros que son distintos de los del fisco y deben ser invertidos con seguridad, siempre buscando el mayor rendimiento, que permita pagar pensiones con la oportunidad que la tercera edad requiere.