Los servicios básicos son, como su nombre lo indica, servicios de los que no puede prescindir el ser humano para al menos tener un nivel de vida digno, que no comprometa su existencia ni su salud. Básicamente, es una obligación primogénita del Estado, pues de otra manera sería impensable que los ciudadanos sean responsables de proveerse de ellas, por falta de capacidad técnica, financiera y ejecutiva. Teniendo este concepto en mente, los Estados se organizan de distintas maneras para afrontar sus responsabilidades. En el caso del Ecuador, la más reciente organización político-administrativa la estableció la Constitución de Montecristi en el año 2008, con la innovación dudosa de incorporar el concepto de descentralización y autonomía. Bajo este esquema, vigente mientras no se modifique la Carta Magna, los municipios ostentan la “competencia exclusiva” de los servicios básicos.
Es muy dudosa la capacidad de estos, de dotar de servicios con visión hacia el futuro, capacidad técnica, capacidad financiera y optimización de los recursos financieros para minimizar la carga tributaria de los habitantes que, de acuerdo con el COOTAD, deben asumir su costo. Ni siquiera existe un esfuerzo sostenido por parte de los ejecutivos cantonales de hacer conciencia en sus habitantes de estas normas, que no deberían ser sorpresa a la hora de pagar. Para evitar este malestar, la ley prevé que se “sociabilicen” los proyectos de inversión, presentando tiempos, diseños, costos y forma de traslado a los beneficiarios. Únicamente una vez aprobadas estas condiciones, es procedente que se ejecute la obra, caso contrario no puede hacerse realidad.
Las ejecutorias de la gran mayoría de alcaldes, obedece al clientelismo que marca nuestro entorno político desde siempre. Prima el cálculo político electorero que privilegia los caprichos de la minoría de habitantes, que demandan obras superficiales que no cambian la calidad de vida de la mayoría. Los presupuestos “participativos”, que no tienen nada de tales, dejan para la distribución arbitraria de las juntas parroquiales, una parte minoritaria de los recursos disponibles, mientras el grueso de la inversión queda a discreción del ejecutivo. La construcción del resto del presupuesto trata de atender los veinte o más departamentos, con lo que se pretende hacer de todo, debilitando las áreas de servicios básicos, que debería merecer la mayoría de las asignaciones. La mayor parte de las inversiones, históricamente, se concentran en vialidad, saneamiento ambiental, Patronato Municipal y ahora seguridad. Todos los demás departamentos disponen de cantidades exiguas, con lo que no será posible lograr los objetivos planteados en campaña.
Esta atomización de la gestión municipal debilita todas las áreas, postergando para nunca las soluciones estructurales y la dotación de servicios sostenibles de calidad. El dispendio de los limitados recursos en aumento de burocracia, que además de ser irreversible, es improductiva, agrava la situación financiera y perjudica la gestión municipal, convirtiéndose en un círculo vicioso. Este lúgubre panorama debería merecer un serio análisis en busca de soluciones de fondo. Lamentablemente, las autoridades de turno prefieren disimular la realidad y dejar en archivo lo importante, dando atención a lo urgente y conveniente. Mientras los ciudadanos no intervengan en uso legítimo de su derecho, para exigir la rendición de cuentas y participar individual y colectivamente de manera “protagónica” en las decisiones de priorización de inversiones públicas, se mantendrá el rumbo que hemos mantenido los últimos 17 años.
Con motivo del reciente escándalo por la calidad de agua “potable” en Latacunga, debe auto convocarse la ciudadanía en asamblea ciudadana para exigir la priorización de una consultoría para diseñar un plan maestro de agua potable y su posterior ejecución, sin perjuicio de asegurar, sin demora, la calidad de agua que reciben los ciudadanos.
¡BRINDEMOS CON BUENA AGUA!
