La Constitución de Montecristi trajo muchas novedades en el modelo político – administrativo, por influencia de una corriente del mal llamado Socialismo del Siglo XXI, originado en la península Ibérica, santificado por el anciano dictador Fidel y puesto en práctica por primera vez por Hugo Chávez Frías en las llanuras del Orinoco. Fue este personaje, que empezaba a ostentar aires de grandeza, pensar como entendía que piensan los estadistas, filósofos, populistas, dictadores y grandes personajes de la historia, quien acogió el modelito a falta de opciones, lo bautizó con cálculo de mercadeo político y reemplazó a las ideas comunistas fracasadas en la isla cubana.
Además de crear dos poderes más de los concebidos por Montesquieu, padre de la Revolución Francesa, se implantó un modelo de descentralización y autonomía copiado de antiguas democracias europeas y, lo más trascendental, la participación ciudadana. Tradicionalmente, nuestra democracia era de representación, es decir el electorado elegía a ciudadanos que tenían la autoridad suficiente para resolver en nuestro nombre lo que debían hacer. Se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, compuesto por un puñado de ciudadanos supuestamente alejados de todos los movimientos y partidos políticos, intachables y capacitados para nombrar, bajo concursos de méritos y oposición, las autoridades de control más importantes.
Se faculta al ciudadano común y corriente, para que sin organización política alguna, de manera individual y colectiva, participe “de forma protagónica en las decisiones públicas, la planificación, la gestión y el control del Estado” (art. 95 de la Constitución) Se complementa este derecho con otras 16 formas de participación ciudadana, como el uso de la silla vacía en los gobiernos seccionales. Esto significa que, en todas las sesiones de los cabildos se dispondrá de un espacio destinado a un ciudadano, que por sus propios derechos o en representación de un colectivo de cualquier clase, la ocupe con voz y voto para intervenir en asuntos en los que tenga interés.
He tenido la oportunidad de ocupar este solitario y olvidado espacio por tres ocasiones en el Concejo Municipal de Latacunga para defender asuntos de interés colectivo y no personales. La primera ocasión lo hice para tratar la ordenanza que modificaba el uso de suelo en las zonas amenazadas por una posible erupción del volcán Cotopaxi. La segunda para tratar la ordenanza de la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos. Finalmente este mes para tratar la ordenanza para la administración del PARQUE ECOLÓGICO TILIPULO (PET) como se llamará en adelante.
Es común escuchar que “el Consejo de Participación Ciudadana no vale para nada”. Se confunde este Consejo con la participación individual y colectiva de ciudadanos que no tienen ninguna relación ni dependencia con el CPCCS. Con ese argumento, declaran sentirse impotentes para actuar frente a tantas inconformidades que les genera la gestión pública. A 16 años de vigencia del COOTAD, sería hora de que los ciudadanos responsables que quieren hacer algo para cambiar nuestro entorno político, se empoderen de estos Derechos y hagan uso de ellos. A la hora de los presupuestos participativos, la casi totalidad de habitantes brillan por la ausencia y dejan en manos de un grupillo de avivatos decidir por todos. Asambleas ciudadanas que no logran ni el quorum básico para ejercer labores de vigilancia del poder ejecutivo y legislativo local. Veedurías que pueden supervisar cualquier obra pública y tener acceso a toda la información pertinente. Iniciativa legislativa para proponer ordenanzas, derogatorias o reformas. Remoción del cargo de funcionarios de elección. Revocatoria del mandato de sus elegidos, y mucho más. Así que, no utilicemos de muletilla este pretexto de desconocimiento. Empecemos a cambiar nuestro destino.
¡LOS CIUDADANOS MANDAMOS!