Las colectividades requieren seguridad para realizar sus actividades; no puede sostenerse una comunidad sin Seguridad Nacional, sin seguridad jurídica, sin que exista una función judicial autónoma, técnica y libre de corrupción. La inseguridad en la Función Jurisdiccional debe establecer una exigencia de cambios inmediatos, requiere que en su más alta dirección Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Cortes Provinciales y la Fiscalía General del Estado, encontremos a los ciudadanos mejor preparados-sobresalientes, de conducta privada y pública acrisolada. Si queremos dar la vuelta a la actual infamante realidad, debemos todos los ecuatorianos comprometernos administradores y administrados en este crucial cometido.
Los ciudadanos reclamamos “seguridad” en el contorno jurídico, político, económico y social. La violencia junto a los múltiples problemas sociales que nos agobian han sumido a los ecuatorianos en una psicosis de miedo cada vez más profunda, que perturba su libertad de acción y desenvolvimiento en sus diarias actividades productivas. Los problemas sociales que nos aquejan -no son de ahora-, vienen acumulándose en el tiempo por falta de atención oportuna.
El Ecuador atraviesa por una severa crisis de inseguridad que ha llevado al gobierno del Presidente Noboa a declarar una “guerra interna” a fin de tratar de combatirla y extirparla utilizando para ello todos los medios disponibles; la Policía Nacional está recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, contamos con asesoramiento de organismos internacionales especializados, la ayuda y asesoramiento de países amigos, que en conjunto, están dando dura lucha a los múltiples grupos de delincuencia organizada, que en connivencia con las mafias internacionales han llegado a inmiscuirse en la estructura orgánica del Estado, llegando a estar en las más altas jerarquías de la administración pública. El pueblo exige del gobierno de turno el pronto y positivo restablecimiento de la institucionalidad, el respeto al orden constituido, las rectificaciones necesarias, que hagan menos duras las equivocaciones y que acerquen a la solución de las verdaderas necesidades de las grandes mayorías.
Todo gobierno requiere del respaldo mayoritario del pueblo y para conseguirlo se debe hablarle con la verdad; esta verdad –a su vez- debe sustentarse en razones. Quienes representan al poder público ya sea por elección popular o luego de instalado el gobierno por designación, están obligados a interpretar, integrar y posibilitar las mejores estrategias para solucionar los grandes problemas sociales, económicos y de inseguridad con los que estamos conviviendo, solo así podrán sustentar su autoridad de elección y justificar las de designación.
Si logramos erradicar esta inseguridad que nos asusta grandemente y volvemos a ser un país seguro encontraremos estabilidad en nuestras relaciones y actividades individuales y colectivas; sin seguridad no tenemos posibilidad de desarrollo económico y peor social; si no estamos seguros internamente, no podemos presentarnos ante la comunidad internacional, no podemos pedir que se fijen en nuestro país para realizar inversiones, crear fuentes de trabajo, incursionar en el mercado regional, continental y mundial del comercio, la transferencia de tecnología, intercambio cultural etc.
El país requiere de una seguridad social (en su más amplia concepción) sólida y permanente en el tiempo, sin seguridad social será imposible dotar a la sociedad ecuatoriana de seguridad nacional y estaremos lejanos a desarrollarnos como sociedad y como Estado. Debemos entender que toda política pública adoptada por los administradores del Estado, -es seguridad social-, me refiero a la construcción de escuelas, colegios, universidades, carreteras, hospitales, es decir, todas aquellas obras y servicios que requiere la sociedad ecuatoriana para desarrollarse; la seguridad social debe promover todas aquellas medidas destinadas a aumentar la posibilidad de empleo, a mantenerlo en el más alto nivel, a incrementar la producción y las rentas nacionales y distribuirlas equitativamente, a mejorar la salud, alimentación, vestuario, vivienda y educación general y profesional de los ciudadanos y sus familias. Debe ser parte de la solución social del país el cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Republica, debemos honrar los compromisos económicos internacionales sin descuidar los que se van acrecentando internamente como es el caso de la deuda al IESS y que en algún momento pueden traer resultados inimaginables al país. No permitamos que la caldera social se recaliente y explote.