El proyecto de Ley enviado con el carácter de económico-urgente por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, paso el nivel inicial en la Comisión Legislativa, con una mayoría de votos, en consecuencia paso a conocimiento y resolución del Pleno Legislativo. Este proyecto intenta limitar el mal uso que hacen los Gobiernos seccionales de los dineros asignados desde el gobierno central a Consejos Provinciales (GAD-Provinciales), Concejos Municipales (GAD-Cantonales) y GAD-Parroquiales. En términos generales el proyecto de reformas tiene como objetivo reconstruir el esquema jurídico que disciplina el funcionamiento y organización administrativa, económica y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ajustándolos a una realidad económica por la cual atraviesa la gestión pública nacional.
El COOTAD, que es la ley a rectificarse es el marco jurídico-legal que en concordancia con la Constitución de la Republica determina los procesos de descentralización, dotando a los Gobiernos Seccionales de autonomía política, financiera y administrativa. Por tanto, los legisladores deberán observar en la aprobación de las reformas planteadas por el Presidente de la Republica este fundamental principio rector de la relación Ejecutivo- Gobiernos Autónomos Descentralizados. De no observarse este respeto a la Carta Suprema las reformas que tienen que ver con la redefinición de competencias, plazos y otros mecanismos para crear regiones autónomas que es una forma de distribuir el poder central y las responsabilidades hacia la periferia, serán reclamadas como inconstitucionales.
Nos encontramos con un proyecto de ley que pretende clarificar las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del Sistema Nacional de Competencias vigente, buscando fortalecer la capacidad de administración y de ejecución presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones; así establecido el objeto de las reformas aparece que es positivo que se redefinan con claridad los roles de cada nivel de gobierno. Esto es muy importante para que el nuevo marco legal respete las actividades en los campos de la educación, el patrimonio la ciencia, la cultura, la recreación y el deporte; estas actividades deben reforzarse en todos los niveles, a fin de lograr en este momento de guerra interna declarada en contra de los Grupos de Delincuencia Organizada, que los niños(as) y adolescentes no sean presa fácil de la delincuencia, esto debe concebirse como política pública del Estado ecuatoriano, amén del grupo político que esta o llegue al Poder. Creo que llego la hora de incorporar en esta nueva estructura del COOTAD las herramientas jurídico-legales que respeten la planificación nacional con la local mediante una evaluación periódica por resultados, buscando que las prestaciones y servicios en cada territorio descentralizado sean optimas y de calidad en beneficio de las colectividades, acercándonos a una realidad nacional que acorte desigualdades entre ciudades, provincias y como no parroquias.
Frente a este panorama, nos encontramos, con una sociedad ecuatoriana que enfrenta duras realidades, que al momento trata de subsistir en el día a día; mientras revisa ofertas de campaña a todo nivel con planteamientos y propuestas que en la mayoría de casos no se han cumplido; constan en las propuestas escritas presentadas previamente a cada elección.
Los Gobiernos autónomos Descentralizados una gran mayoría, no han sido capaces de cumplir con sus respectivas colectividades. No es justo que mientras estamos viviendo una economía casi de guerra, existan Municipios y Prefecturas de las principales ciudades del ecuador que presupuesten y gasten millones de dólares en presentación de artistas “internacionales”, mientras obras de infraestructura básica: agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental y la construcción y mantenimiento de vialidad inter cantonal y parroquial esperan por ser atendidos. La idea de la reforma es buena, siempre y cuando se respete la ley fundamental que nos rige, y que obviamente, deberá reformarse en cuanto tiene que ver, por ejemplo, tratándose de la división política-administrativa, la conformación y el plazo que debe establecerse para la formación de regiones autónomas o temas que traten del funcionamiento orgánico-administrativo y financiero de los GADS armonizando con las nuevas competencias de los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, bajo una coordinación que robustezca la descentralización. Finalmente, el tema del porcentaje de participación de los GAD en el Presupuesto General del Estado. La iniciativa de establecer que el 30% de los presupuestos se pueda gastar en la administración y funcionamiento y que el 70% restante se lo invierta en bienes y servicios en concordancia con la planificación nacional -es muy importante-, se deberá establecer, si en muchos de los 220 municipios y en la mayoría de juntas parroquiales es factible aplicar esta norma.