Partamos señalando que existe una entidad incluida en la estructura del Estado en la Constitución de la Republica elaborada en Montecristi y luego ratificada mediante referéndum, vigente en el Ecuador desde octubre de 2008. Esta institución encargada de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, impulsando y estableciendo mecanismos de control social en los asuntos de interés público, es la encargada de designar a las principales autoridades como: Procurador General del Estado, Superintendentes de entre las ternas remitidas por el Ejecutivo, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado; designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura; para cumplir estas designaciones debe conformar comisiones ciudadanas de selección.
Este organismo así concebido en la Ley suprema, nunca ha cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales, ha servido al interés político de los gobiernos de turno, razón por la cual la mayoría de ecuatorianos venimos promulgando la necesidad de eliminarlo; sin embargo, mientras esté vigente en el andamiajes constitucional, es nuestra obligación atender democráticamente en la selección de ciudadanos debidamente preparados, de conducta y honradez acrisolada para que integren este cuerpo colegiado.
Dicho esto, los ecuatorianos debemos entender a la participación ciudadana como una conscripción social que nos involucre en los procesos de toma de decisiones por parte de las instituciones públicas, concernientes al desarrollo local y nacional en los ámbitos económico-financiero, político, judicial, laboral y social, así como en la ejecución de las decisiones tomadas por la administración pública; es entonces, necesario que la participación ciudadana se posesione en estos procesos con el fin de vigilar que verdaderamente estén los que requiere la ciudadanía, que sean los que solucionen las necesidades colectivas postergadas y no atendidas por el poder público. La participación ciudadana debe fortalecerse desde el ámbito local, parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional, propugnando una igualdad de oportunidades para todos y estableciendo las correspondientes garantías que permitan hacer realidad esta igualdad propuesta; por tanto, una real participación ciudadana permitirá diseñar mecanismos que aseguren a las parroquias, cantones, provincias y al país la articulación de políticas públicas de los gobiernos locales y del nacional, respetando la voluntad y las expresiones participativas de los ciudadanos.
Lo ideal de una verdadera participación ciudadana será lograr una real presencia ciudadana que consiga presionar e incidir en el manejo y conducción de las políticas locales y nacionales, a partir de procesos consolidados de unidad de acción ciudadana para hacer presencia participativa coherente con las necesidades sociales de las comunidades dentro de un plan de acción de los municipios-prefecturas y el gobierno nacional (Plan Nacional de Desarrollo); comenzando por la implementación de políticas sociales básicas; por tanto, la participación ciudadana debe ser garante de las aspiraciones de las comunidades y estar revestida de responsabilidad social, por lo que deberá crear mecanismos de desarrollo acordes a cada jurisdicción territorial, iniciativas que deberán ser recogidas por el gobierno central, haciendo cierta la influencia de que la participación ciudadana se construye bajo el relacionamiento entre la sociedad y el Estado, incrementando las posibilidades de un mejor desarrollo social en democracia.
La participación ciudadana también se la mide por el ejercicio democrático de elegir y ser elegido; el país requiere de verdaderos líderes preparados para el servicio público. Estamos convocados para el último domingo de noviembre para con nuestro voto elegir: Prefectos, Alcaldes, Concejales, miembros de Juntas Parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Votemos bien, hagámoslo con conciencia y elijamos a hombres y mujeres que estén preparados(as) para el servicio público y no para servirse de él.