El Consejo de la Judicatura tiene funciones específicas, como: Definir y ejecutar políticas para el mejoramiento y modernización del Sistema Judicial; conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial; dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial; así como, su evaluación, ascensos y sanciones; administra la carrera y profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial; y, “velar por la transparencia de la función judicial”.
Este máximo Órgano de control administrativo de la función judicial, está integrado por cinco (5) delegados y sus respectivos suplentes, quienes son elegidos de entre ternas remitidas por el Ejecutivo (Presidente de la República), el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Asamblea Nacional. Lo preside el delegado designado de la Terna enviada por el Presidente de la Corte Nacional. Los cinco delegados son escogidos y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y duraran en sus funciones seis (6) años. Informan de su trabajo y rinden cuenta a la Asamblea Nacional.
Como vemos el Consejo de la Judicatura así conformado tiene un origen totalmente político-partidista; quienes remiten las ternas lo hacen políticamente y no considerando el tema eminentemente técnico-jurídico que debería primar: adicionalmente, el ente nominador el CPCCS, sufre -igualmente en su integración- de intereses políticos-partidistas- , que ya en el tiempo nos hacen dar cuenta del grave daño causado a una de las funciones importantes del Estado, -la función judicial-, encargada de sostener la democracia ecuatoriana brindando seguridad jurídica en base a hacer justicia, -elemento ideal supremo-, que consiste en asegurar a cada miembro de la sociedad lo que le corresponde, conforme al derecho, la ley y la razón.
El caso denunciado por el Juez Serrano, nos lleva nuevamente a pensar en la necesidad de eliminar de la estructura del Estado organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y entidades conformados mediante designación de este nefasto CPCCS. Recordemos que el Dr. Francisco Huerta Montalvo, en un informe presentado a pedido del Expresidente Rafael Correa Delgado, advirtió que el camino a convertirle al Ecuador en un Narco-Estado, se acercaba a pasos agigantados.
Hoy, lamentablemente, vemos como el crimen organizado y los grupos de delincuencia organizada nacional e internacional se han enquistado en la estructura institucional del Estado. El caso del ciudadano de nacionalidad Serbia de apellido Srdan que fue juzgado y sentenciado a 10 años de prisión por “lavado de activos”, tiene a su juzgador el doctor Carlos Serrano – Juez Anticorrupción- fuera del país para reguardar su vida; amenazada en la audiencia pública de juzgamiento por el delincuente de nacionalidad Serbia.
A raíz de este hecho el Juez Serrano denuncia públicamente que desde el Consejo de la Judicatura recibió presiones tendientes a favorecer al ciudadano Serbio. Aclarado el asunto con grabaciones y como consecuencia con la renuncia del Director del Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pichincha, que es quien ejerció presión ante el juez Serrano. A partir de aquella situación han ido apareciendo nuevas situaciones como las denunciadas por la Dra. Solanda Goyes ex-miembro del Consejo de la Judicatura; y, finalmente la situación del cónyuge del actual Presidente de la Judicatura, la Abogada Veintemilla que conocemos ha sido la Abogada Patrocinadora del delincuente sentenciado a 10 años de prisión.
En consecuencia el pasado del doctor Mario Godoy como defensor de los hermanos Larrea y hoy en el presente con su esposa como patrocinadora de un grupo de delincuencia internacional organizada, no solo que ha puesto en tela de duda y ha ratificado el origen y forma de su designación, sino que, nos hace ver un serio conflicto de intereses. En el ejercicio profesional cada abogado puede defender a quien estime que deba hacerlo. Pero el pasado y el presente de Mario Godoy –actual Presidente del Consejo de la Judicatura- no le permitía llegar a dirigir el organismo de dirección y control de jueces y personal que conforma la Función Judicial en el Ecuador. La Asamblea Nacional –no debió llamara informar al doctor Godoy-, sino enjuiciarlo políticamente, previo a su destitución.