El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define tres tipos de contaminación. La del ambiente como polución o esmog. La de patógenos como contagio, infección, trasmisión o inoculación. La de las costumbres como corrupción. Esta simple palabra tiene un profundo significado en nuestra sociedad actual, y marca la calidad de vida que vivimos. Posiblemente sea el factor más crítico que gravita sobre nuestra existencia y debería merecer la mayor atención. Lamentablemente, no existen señales de que así sea. La ciudadanía es apenas reactiva, levanta tardíamente la voz cuando el estalla algún evento que requiere soluciones de emergencia y moviliza momentáneamente a gobernantes y gobernados.
La contaminación del ambiente es incontrolable y más aún, es tolerada por la ciudadanía. Los escasos esfuerzos por controlarla quedan muy atrás del crecimiento de los focos de contaminación. Estamos camino a tener más automotores rodando por las ciudades y pueblos, que habitantes. El crecimiento del parque automotor es imparable. El transporte público es escaso y no tiene probabilidades de crecer al ritmo de la población. Las calles no fueron diseñadas para esa carga vehicular. Mientras que los ciudadanos no hacemos conciencia de que este ritmo es insostenible. Cada ser humano aspira tener su propio vehículo, aunque sea para llegar a su destino a poca distancia. La clase política no tiene interés alguno en detener estos hábitos de sus electores por miedo a perder su voto.
La contaminación con patógenos nos traslada al agua, sin la cual no podemos vivir. El modelo de “competencias y autonomía” vigente desde hace 16 años determina que son los municipios los que tienen la “competencia exclusiva” de la provisión de agua potable, entre otras. Lamentablemente, este encargo de tinte político para aliviar la carga sobre el Gobierno Central no ha logrado superar este objetivo debido a que nunca se dieron las fuentes de financiamiento ni capacidad técnica para planificar y ejecutar sistemas eficientes de manejo de este líquido vital que se agota con el pasar de los años, especialmente en la cordillera andina. Salvo pocas excepciones, no se cuidan los páramos y pero aún, se los destruye, buscando incrementar tierra cultivable para compensar los valles que han sido inundados por asentamientos humanos.
Latacunga urbana descarga por si sola 20.000 metros cúbicos diarios de aguas servidas al río Cutuchi, de cual los agricultores aguas abajo se abastecen para regar cultivos de hortalizas y vegetales para consumo humano, altamente contaminados ante la impotencia de todos. Mientras que una moderna planta de tratamiento guarda el sueño de los justos desde hace 3 años debido al fracaso del contrato complementario para construir colectores a lo largo del rio Cutuchi y trasladar las aguas servidas hasta la planta parada. Tres años de esta administración y sigue el problema sin cambio. Declaró el alcalde, terminado unilateralmente este contrato y se ofreció firmar un nuevo contrato con apenas tres millones de dólares, luego de perder una donación de otros 12 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo.
Al menos oficialmente, no hay evidencias del avance y terminación de este tramo del proyecto. Sin embargo, la peor noticia es que no existe gestión alguna ni esperanza de recuperar la donación perdida por la incapacidad del Municipio de ejecutar el proyecto. Es necesario aclarar que la inversión total aproximada de treinta millones de dólares recibidos del gobierno del SSXXI como “compensación” por los daños causados por la presencia de la malhadada cárcel apenas estaba prevista para cubrir la tercera parte del costo “reestimado” por el alcalde Sánchez en $90 millones. Tampoco existe gestión alguna iniciada para buscar financiamiento para los restantes $60. La incompetencia es abrumadora.
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