La temperatura ambiental baja, y las precipitaciones son cada día más intensas y desbordan ampliamente las capacidades de las áreas pobladas para encausar las aguas que destruyen a su paso, sin misericordia, los cultivos, carreteras, casas, sistemas de agua potable, etc. dejando una estela de destrucción y angustia en la población. Mientras que, la temperatura en el mundo de la política, sube al acercarse el día en que el pueblo definirá el futuro del país. Por un lado, impera el dolor por la inclemencia del tiempo, por otro, los políticos dedican sus mejores esfuerzos a entablar una guerra mediática plagada de noticias falsas, inventadas para la ocasión, que rebasan toda imaginación.
Ante la situación de emergencia nacional, debería corresponder la declaración de alerta máxima en todos los niveles de gobierno, para acudir de inmediato al lugar en donde se produzca la emergencia. Este nivel de lluvias se estima que permanezca hasta abril. Entonces, la amenaza sigue latente y debemos tomar las medidas de precaución, autoridades y población expuesta, para evitar consecuencias mortales. Lo propio debe ocurrir en las carreteras, cuyos taludes y puentes se vuelven inestables con altas precipitaciones. Todas estas acciones a nivel preventivo.
Paralelamente se debe trabajar en planes de reparación de daños, amplios para cubrir la mayoría del territorio nacional. Estamos hablando de palabras mayores que seguramente requieren de recursos importantes que no están al alcance de los gobiernos locales, sin ayuda de los organismos internacionales de crédito, considerando la emergencia. Independientemente de estos recursos para atender la infraestructura pública, debemos pedir que se estructuren líneas especiales de crédito “blando y de plazo adecuado” para reactivar la capacidad productiva de los productores pequeños, medianos y grandes, que de otra manera quedarán descapitalizados y paralizados. El Estado debe acudir, además, con insumos, maquinaria, asistencia técnica y acompañamiento en la comercialización de los bienes agrícolas, para asegurar la soberanía alimentaria y fortalecer la capacidad exportable.
Los gobiernos seccionales tienen capacidad operativa, pero no disponen de recursos de la magnitud requerida, por lo cual dependen de las facilidades de financiamiento que genere el Gobierno Central. Conjuntamente, se deben acceder a recursos para situaciones de emergencia que tienen pre aprobadas las entidades multilaterales creadas para el objeto. En estos casos, es imperativo que trabajen en mesas temáticas conjuntas con visión de país, dejando de lado los egoísmos políticos tan perjudiciales. Deberían estar preparados estos planes para ponerlos en marcha, tan pronto lo permitan las condiciones ambientales.
Mientras que en el campo de batalla político, por respeto a la situación que está viviendo el país, quisiéramos ver una actitud por parte de los actores políticos, que se compadezca con la emergencia y expongan la forma de enfrentar los embates de la naturaleza, reconstruir la capacidad productiva y alcanzar un nivel de crecimiento económico que nos permita recuperar lo perdido por la pandemia y sus consecuencias. Únicamente escuchamos promesas abstractas, sin concretar planes de acción realizables en el corto, mediano y largo plazo. No basta saber el destino que les darían a los recursos que no se explica cómo se alcanzarían. Es necesario construir una base productiva, aprovechando los múltiples recursos naturales que tenemos.
Acabamos de presenciar una pelea intestina de la oposición para impedir que el campo petrolero Sacha sea entregado en un contrato de operación para maximizar su producción, que no ha sido posible en 50 años de explotación. Esa actitud cerrada, demuestra la intención de grupos políticos de manejar los “buenos negocios” para disfrutar de sus frutos en beneficio de sus grupos, impidiendo la participación de la inversión privada en los campos estratégicos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.
¡DIOS NOS PROTEJA!