En el Ecuador se encuentran registrados 2.0 millones de vehículos livianos, 2.2 millones de motocicletas y 1 millón de vehículos pesados y comerciales. Se comercializaron 92.997 vehículos nuevos entre enero y junio 2026, cifra record en el país. Se estima que 39% del parque automotor tiene más de 15 años de uso. La venta de autos nuevos vendidos, híbridos y eléctricos, sumaron 25%. El parque automotor en la provincia de Cotopaxi, una de las más altas densidades vehiculares, se estima en 78.000 vehículos, de los cuales 50% ruedan en el cantón Latacunga. La presencia de camionetas, camiones medianos y pesados es de las más altas, proporcional a su población, debido a su actividad agrícola e industrial.
Por otro lado, la infraestructura vial urbana y rural data de los inicios del desarrollo automotor, a partir de los años setenta en que nos iniciamos como país petrolero y destinamos gran parte de los recursos que vinieron al otrora pobre país, para la compra de vehículos, importados de todo lado. Esta fiebre, en lugar de aplacarse, ha crecido sin control. La dolarización apuntaló esta demanda viralizada de la ciudadanía, que erróneamente considera una forma de ahorro la compra de vehículos. Se atendieron y facilitaron créditos extendidos para vehículos, que no existen para equipos de producción como maquinaria agrícola, que nos mantiene relegados en productividad y competitividad.
Bien vale la pena hacer un balance de estos hábitos “modernos” y su impacto sobre nuestra calidad de vida. Ciertamente que los vehículos facilitan la movilidad en todas las formas, reducen el tiempo muerto que se ocupa en trasladarse entre lugares de actividad, eleva la productividad de toda actividad humana. A cambio de estos beneficios, se eleva el costo de transporte, contaminamos el ambiente con gases de combustión y ruido, congestionamos las vías de circulación, causamos accidentes, elevamos el fatídico stress, provocamos embotellamientos con las consiguientes consecuencias anímicas, desorganización, incertidumbre y ansiedad. Peor aún, en una ciudad con diseño colonial como Latacunga, que fue pensada en la forma de vida sosegada que imperaba en aquellos tiempos. No es posible rediseñarla para la invasión automotor que convive a disgusto con nosotros.
Deducimos entonces, que la calidad de vida se ha deteriorado, especialmente en aquellas áreas que no son apropiadas para que circulen vehículos en mayor proporción que las personas. La solución debe incluir una planificación global para enfrentar esta carrera imparable por movilizar a cada ciudadano en un automotor. Al contrario, debe ubicarse en primer lugar la necesidad de impulsar el transporte público de calidad, de costo razonable, que atraiga la preferencia de los grandes sectores poblacionales. Promover formas alternativas como bicicletas. Planificar rutas expeditas preferenciales para estas formas de transporte, incluyendo sistemas modernos, rápidos y eficientes entre los puntos de mayor movilidad, como inter cantonales.
El costo de este servicio se elevará proporcionalmente a la inversión que demande, al costo de combustible, de no ser eléctrico, mantenimiento, mano de obra. Será más alto mientras menos pasajeros ocupen las unidades. Entonces llegaremos al punto de definir la participación del Estado para aligerar la carga y asumir parte de estas inversiones y costos. Caso concreto es el Metro de Quito. Brinda un servicio de primera calidad, que le cuesta a la Ciudad un subsidio anual de $60 millones para mantenimiento. El costo por pasajero supera $1 pero cobra solamete $0,45 considerando la capacidad adquisitiva de los usuarios. No cabe pensar que los transportistas privados subsidien a sus ocupantes. Deben establecerse políticas de Estado que resuelvan de una vez por todas este dilema y evitarnos paros de tiempo en tiempo para ajustar las tarifas, políticamente.
¡AL TORO POR LOS CUERNOS!