En todos los medios de comunicación escrita, hablada, televisada y electrónicos, se inició un agudo debate en relación al allanamiento al domicilio del señor Aquiles Álvarez Henríquez y su detención con fines de comparecencia, al actual Alcalde del Cantón Guayaquil; como consecuencia del cumplimiento de un pedido de la Fiscalía General del Estado, dentro de la investigación del caso denominado “GOLEADA” en el cual estaría involucrado el señor Álvarez, dos de sus hermanos y ocho personas más.
No soy especialista en materia penal, pero por formación y revisado el procedimiento establecido para el allanamiento al domicilio de vivienda del señor Aquiles Álvarez Henríquez en la ciudad de Guayaquil; permite opinar -que el mismo- está revestido de legalidad y sustentado en la Constitución y la Ley. Entonces, es pertinente señalar que la detención producida -en este caso- es para fines de “comparecencia” y tiene por objeto poner al detenido directamente frente a los juzgadores para “formular cargos” de conformidad con el pedido efectuado por la Fiscalía General del Estado; para procesarlo penalmente y solicitar prisión preventiva; con el fin de prevenir una posible fuga y/o salida del país. Esto último se colige de un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado, que indica que se solicitó la detención del señor Álvarez con fines de “comparecencia” para ser procesado por presunta participación en delincuencia organizada dentro del caso denominado “Goleada”. Adicionalmente, el Alcalde había solicitado un día antes de su detención 15 días de licencia al Concejo Municipal.
El otro caso en el que está involucrado el burgomaestre guayaquileño es el denominado Triple “A”. Pero, tanto en el tema “Goleada” como el Triple “A”, la Fiscalía General del Estado, no le está procesando como Alcalde del Cantón Guayaquil por acciones y/u omisiones propias del cargo que ostenta, -sino más bien por actividades personales particulares, es decir, como a cualquier ciudadano en este país.
Como consecuencia del juzgamiento en el Caso Triple “A” Aquiles Álvarez Henríquez, fue beneficiado con medida sustitutiva, esto es, que en vez de la prisión preventiva, se dictamino la “obligación” de portar “grillete” permanentemente, situación que siendo constatada la noche de su detención, se estableció su incumplimiento; se lo encontró sin el “grillete”, escenario que agrava su situación frente a la ley, pues lo hecho por Álvarez, está sancionado en el Código Orgánico de la Función Judicial con pena que va de 1 a 3 años. En consecuencia, el señor Álvarez, deberá enfrentar la revisión de medidas cautelares fijadas en el Caso Triple “A”; mientras que, en el proceso del Caso “Goleada”, la contienda legal iniciara el 7 y se extenderá hasta el 21 de marzo del 2026.
Si queremos devolver la confianza en la justicia a los ecuatorianos, debemos respetar y hacer respetar la constitución y las leyes que nos rigen. En la opinión de esta semana, decimos, que -no es dable- que un asunto judicial de privados frente al Estado, se lo pretenda convertir en un enfrentamiento entre la sierra y la costa; peor aún, entre las dos principales ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil. Este es un hecho lamentable en el cual se presume está involucrado el actual Alcalde de Guayaquil en sus actividades privadas -desde hace varios años atrás-. No le están investigando –todavía- por actos y actividades como Alcalde en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente se ha dicho que por “fuero” -el señor Álvarez- debía ser juzgado por la Corte Superior de Justicia de la Provincia del Guayas; nada más distante de la verdad. El Fuero de Corte Provincial está determinado en el Art. 208 del Código Orgánico de la Función Judicial y no corresponde aplicarlo en ninguno de los dos casos de delincuencia organizada en los cuales está inmerso el señor Aquiles Álvarez Henríquez.
Evitemos la manipulación de los hechos, la crítica destructiva, estos temas judiciales que involucran al Alcalde del Puerto Principal, al Presidente del Club Barcelona, hermano del Alcalde, deben ser resueltos con sujeción a lo que corresponde en un Estado Constitucional de derechos y justicia, devolvamos la institucionalidad al Ecuador, es hora de recuperar la conciencia de Patria. Aprendamos a convivir en diversidad y armonía con la estructura constitucional y legal del Estado.