Están vigentes en el esquema orgánico-estructural-constitucional del Estado ecuatoriano dos organismos importantes en la vida institucional del país. La UAFE y la Fiscalía General del Estado –FGE-. Las dos entidades fundamentales para la recuperación de la tranquilidad, la paz ciudadana y social. La Fiscalía General del Estado como órgano autónomo de la Función Judicial, encargada de dirigir de “oficio” o a petición de parte las investigaciones pre-procesales y procesales con especial atención al interés público y los derechos ciudadanos conculcados; mientras que, en el control del lavado de dinero, de Grupos de Delincuencia Organizada y la lucha contra la corrupción la UAFE juega un papel de primera línea. Los ecuatorianos –al momento- reclaman por el trabajo que debe efectuar la Unidad de Análisis Financiero y Económico-UAFE-, porque advierten que a vista y paciencia de este organismo suceden una serie de negociaciones y transacciones económicas cuyos montos no cuadran en la economía ecuatoriana; la ciudadanía cuestiona el papel de la UAFE –ante denuncias públicas- sobre la compra de medios de comunicación por sumas millonarias o la adquisición de bienes inmuebles de propiedad municipal, por parte de personas que no justifican tener la posibilidad de manejar esas sumas de dinero. Siendo denuncias públicas le corresponde también intervenir a la Fiscalía General del Estado. Entonces se hace necesario que, estas dos instituciones especializadas en el control de lavados de activos y de llevar a los delincuentes ante los jueces penales cumplan a cabalidad su rol constitucional. No de manera selectiva sino como debe ser para todos los casos. La Fiscalía General no puede servir para perseguir e intimidar a quienes no concuerdan políticamente con el poder de turno .
El periodismo y los medios de comunicación juegan y han jugado -en su mayoría- papel fundamental en esta lucha para que los organismos de control de la institucionalidad del país cumplan a cabalidad su rol constitucional. Esta noble actividad de investigar y comunicar en todas sus formas; es ejercida y realizada por seres humanos; y por tanto, como toda actividad está sujeta a que se cometan errores; y estos a su vez necesariamente a ser corregidos, mediante procedimientos de verificación, contrastación y contextualización; en el tema de opinión de esta semana el mérito y diagnóstico del papel de la UAFE y la FGE, le corresponde a esa mayoría de prensa alineada con la investigación en la búsqueda de la verdad que nos hará libres. Cuando esta noble y necesaria profesión de informar e investigar se efectúa dentro de los cánones constitucionales y legales, se convierte en un arma positiva para el buen vivir, pues se desnuda la corrupción, se hace conocer a la ciudadanía y a quienes están en el “poder” en donde se está produciendo esta metástasis social que corroe a la sociedad ecuatoriana.
La Fiscalía General del Estado a partir de la vigencia de la actual Constitución de la Republica, con sujeción a los preceptos establecidos en la misma, a los derechos y garantías del debido proceso, le corresponde dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal. Como podemos observar la Fiscalía General y su titular ha pasado a ocupar un lugar primordial en un país destruido por el cáncer de la corrupción a todo nivel, le corresponde asumir ese rol esencial con el carácter general y no de manera selectiva y peor aún por presión política El Estado de Derecho se garantiza con la aplicación de la ley a todos los ecuatorianos sin ninguna distinción.
En la actualidad los avances de la tecnología ofrecen nuevos formas de informar a la ciudadanía, herramientas que permiten difundir todo tipo de información, obviamente que la diferencia está en la forma, el estilo del comunicador y en determinado momento del medio o empresa periodística o de comunicación. La Constitución de la Republica y la Ley Orgánica que rige esta especial actividad garantizan la libre expresión y la libertad de informar, y más allá de estar o no de acuerdo con lo que se diga o haga, especialmente en los medios digitales, o en los medios púbicos. Opino que si existe un marco constitucional y legal que tutela esta materia para los excesos y/u omisiones, ese debe ser el camino por el cual debemos transitar los ecuatorianos. Lo que vive actualmente el Ecuador inseguridad, crisis económica, corrupción convertida en metástasis, vigencia de delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, solo se podrá enfrentarlo entre todos, por lo que se requiere de medios de comunicación y periodistas que informen y fiscalicen con compromiso con la comunidad y lo hagan sin mirar a quien. El Estado y sus representantes deben respetar este marco constitucional y legal que tutela la libre expresión, la investigación periodística y el señalamiento de una cruda realidad nacional.