A finales del Siglo XVII en Inglaterra, jóvenes intelectuales guiados por John Locke plantean darle un giro trascendental al manejo del “poder,” para ello señalan la necesidad de crear una Ley Suprema que rija las actividades de los pueblos. Se podría decir que en este momento histórico -nace entonces el constitucionalismo-y el “Estado de Derecho”.
Se avizora un cambio fundamental en el manejo y ejercicio del poder, se busca que ya no esté bajo la salvaguardia de poderosos grupos de familias, sino que sea la propia sociedad en base al derecho natural y a su decisión democrática, quien dicte sus propias normas de convivencia. Conjunto de normas esenciales que se colocan por encima de la sociedad en general y que señalan que todos somos iguales ante la ley. No hay duda de que este paso trascendental con el nacimiento de un- Estado de Derecho- es lo más relevante de este naciente constitucionalismo; pero igual importancia tiene también en la política, eje central del Estado Liberal, producido con esta nueva estructura –en esa época, una indiscutible y honda revuelta social-.
En efecto, cuando el constitucionalismo tuvo cabida y fue creciendo con la aceptación de las sociedades mayoritariamente; cuando los pueblos soberanos se sintieron protegidos, al ver que ya no era un hombre o una mujer en calidad de “soberano” y por la gracia de Dios quienes gobernaban, sino que empezaba a regir un texto legal dictado democráticamente por el pueblo, entonces se trastrocaron los papeles, los gobernantes-soberanos ya no ejercían el poder a su gusto e interés; este había pasado a la sociedad a sus representantes elegidos por el pueblo democráticamente.
Se va consolidando el Estado Democrático de Derecho, surge la necesidad para su desarrollo delos servicios públicos, y por tanto aparece el servidor público; pasa el pueblo a ser actor fundamental en las actividades de relación entre gobernantes y gobernados. Conducir el Estado bajo esta nueva estructura constitucional, obliga a quienes son escogidos para gobernar a convertirse en verdaderos administradores de los dineros y bienes del Estado, por ello es que a la Función Ejecutiva, varios tratadistas del Derecho Administrativo Publico la han denominado como la Función Administradora del Estado. En América Latina este cambio trascendental tuvo que esperar mucho tiempo para ser parte de esta mutación social y política.
Dentro de la vigencia del Estado Liberal, en la aplicación del marco constitucional y legal, se establece que la función de los gobiernos no es la de obedecer sino la de mandar, -criterio equivocado- porque encontramos entonces que en esas sociedades latinoamericanas no se produjo el cambio de percepción de las relaciones del Poder. Es penoso reconocer que hasta la fecha en algunos países plenamente identificados, el Estado sigue siendo una fortaleza ajena e inaccesible para las grandes mayorías: subsisten países gobernados “por galladas de amigos”, seres lóbregos y todopoderosos que han mezclado la democracia y la política con perversos intereses de grupo y de mafias nacionales e internacionales, que con el producto de dineros mal habidos, se convierten en compradores del voto de sus electores y posteriormente en supremos hacedores de los más grandes proyectos de desarrollo de estas sociedades, buscando el negocio de los sobreprecios, gente que hace hasta lo imposible para alejarse de los efectos punitivos de la Constitución y la ley, que no miden el grave daño que causan a la institucionalidad de los países, destruyen los sistemas de justicia, absorben las instituciones democráticas, hasta son parte de ellas, llegan a cargos importantes de elección y de designación con tal facilidad como la que argumentan para establecer incrementos ilegales en los contratos de obras y servicios, utilizan el poder para destruir a los pueblos.
Las grandes mayorías cada vez van creyendo menos en el Estado, los ciudadanos no han adquirido conciencia de la gravedad de esta situación ven, dejan hacer y pasar estas fechorías y presencian diariamente con imperturbabilidad como el Estado de Derecho va dejando de ser la mejor formula de convivencia de las sociedades en libertad.