Sobre la seguridad social administrada por mandato constitucional por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se ha expresado por parte de los gobiernos de turno, -para no cumplir con sus obligaciones económicas-, que no existe estudios actuariales que sustenten la supervivencia del IESS; en los últimos meses del gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado, se llegó a pretender la desaparición de la contabilidad del Instituto de una millonaria deuda del Estado por prestaciones de salud brindadas a personas de la tercera edad. La Contraloría General del Estado y un dictamen de la Corte Constitucional, establecieron que -la millonaria deuda si existe y está en la contabilidad en el IESS-. Ese mismo gobierno de la década perdida, dispuso el no pago de la “contribución obligatoria” que tiene el Estado desde 1942, para el pago de las pensiones a los jubilados; igualmente, el jefe del Ejecutivo salió con la temeridad que le caracterizo a decir públicamente que solamente cuando el IESS “necesite dinero” el a su criterio lo entregara para el pago de pensiones, mientras tanto, durante más de dos años el IESS tuvo que tomar dineros de otras prestaciones y de sus reservas para poder cumplir con el pago puntual de las pensiones de jubilación. Un dictamen de la Corte constitucional determino que es obligación del Estado cumplir con la contribución del 40% para el pago de pensiones. Se actuó con mala fe, porque como sabemos, los dictámenes de constitucionalidad rigen a futuro, desde la fecha de su vigencia. Se produjo un gran vacío económico en los ingresos del IESS de más de dos años por falta de ese pago -hasta la fecha-; esta arbitraria e inconstitucional decisión viene causando graves problemas económico-financieros y actuariales al IESS.
Desde 1928 en que se inaugura la protección social y desde 1970 en que se crea el Instituto ecuatoriano de seguridad Social, esta noble institución ha transitado por un sinuoso camino, que sin embargo, no ha sido impedimento -hasta ahora- para su vigencia y sostenimiento. Es de rescatar que en estos años el actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haya hecho presencia y a no dudarlo este contribuyendo con la innovación del Estado. El Ecuador hasta hace poco no tenía los graves problemas de inseguridad, de crecimiento de la delincuencia, ni estábamos contaminados con el tráfico de drogas, la narco-política y lavado de dinero mal habido; esos eran problemas que aquejaban a nuestros países vecinos Colombia y Perú. La respuesta más cercana a la realidad es la vigencia de un sistema de seguridad social, que fue desarrollándose como Caja de Pensiones, Caja del Seguro Social, Instituto Nacional de Previsión, y ahora a partir de 1970 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; sus prestaciones y servicios que brinda ha hecho que los desacuerdos sociales de los ecuatorianos se solucionen sin llegar a la explosión social devastadora.
Los grandes y graves problemas sociales y la crisis económica, junto a la inseguridad que amarga y entristece al país, una deuda externa que pasa de los USD.91.000 millones en los últimos años, una creciente deuda interna (dentro de esta la deuda al IESS), ha hecho que los gobiernos a su turno incumplan con sus obligaciones constitucionales y legales con el ente gestor de la seguridad social en el Ecuador.
Los organismos del Estado encargados de hacer cumplir la Ley Suprema no han sido capaces de tomar medidas de carácter técnico en lo económico, jurídico y administrativo; y más bien, van dejando constancia maligna de que desde la institucionalidad del Estado, todos están preocupados de otro tipo de problemas que agobian al país, menos del mayor logro social del siglo anterior -la seguridad social-.
Tenemos que decirlo –una vez más- el actual IESS se constituye en la Institución más controlada en el Ecuador, ese control cuesta millones de dólares anualmente al IESS, el Instituto paga a la Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Bancos: tiene a su vez, un equipo de Auditores -la Auditoria Interna del IESS-, cuyos integrantes son designados por la Propia Contraloría General del Estado, pero los sueldos los paga el IESS. Todos, en vez de controlar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, se han constituido en cómplices de su constante incumplimiento, se suma a esta irresponsable actitud el Parlamento Nacional, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado, sin que consten los dineros suficientes que por ley deben constar para la seguridad social.
Existen y han existido estudios actuariales en todos los tiempos -así lo exige la ley Suprema-, sin embargo, ha sido la mejor forma de eludir responsabilidades frente a la crisis institucional, siempre se argumenta y señala la falta de estudios actuariales. Es hora de tomar con seriedad el tema de la sobrevivencia del sistema de seguros sociales administrado por el IESS. Se lo debe hacer técnicamente, dejando de lado intereses políticos-partidistas, pensando en el actual Ecuador y proyectándolo a futuro, no destruyéndolo con fines protervos que los condenamos.